INTERNACIONALES

Un tribunal federal en Estados Unidos decidió mantener vigentes los cargos contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, aunque el juez del caso expresó dudas sobre el impacto de las sanciones económicas en su derecho a una defensa adecuada.

El proceso judicial contra Maduro se desarrolla en Nueva York tras su captura y traslado a territorio estadounidense a inicios de 2026, en un caso que ha generado repercusiones internacionales. El exgobernante enfrenta acusaciones por delitos vinculados al narcotráfico y terrorismo, en medio de tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas, así como cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y las condiciones del juicio.

Durante la audiencia más reciente, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de la defensa de desestimar los cargos, dejando claro que el proceso judicial continuará su curso pese a los cuestionamientos planteados por los abogados del acusado.

Sin embargo, el magistrado calificó el caso como “particular” y mostró reservas sobre algunos argumentos de la Fiscalía, especialmente en lo relacionado con las sanciones impuestas por Estados Unidos que bloquean el acceso a fondos venezolanos. Según la defensa, estas restricciones limitan la posibilidad de contratar abogados de libre elección, lo que podría afectar el derecho constitucional a una representación legal adecuada.

En ese sentido, el juez reconoció que el escenario ha cambiado respecto a cuando se establecieron las sanciones, señalando que los acusados ya no representan una amenaza directa a la seguridad nacional. No obstante, consideró que retirar los cargos sería una medida excesiva en esta etapa del proceso.

El caso también incluye a Cilia Flores, esposa de Maduro, quien enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos se han declarado inocentes desde su primera comparecencia ante la justicia estadounidense.

Otro de los puntos abordados en la audiencia fue la solicitud de la Fiscalía de restringir el acceso a ciertas pruebas, con el argumento de evitar posibles filtraciones hacia otros implicados que permanecen fuera del alcance de la justicia. El juez no emitió una resolución definitiva sobre este aspecto, dejando el tema abierto para futuras decisiones.

Mientras tanto, la controversia sobre el financiamiento de la defensa continúa sin resolverse, ya que las sanciones económicas impiden el uso de recursos vinculados al Estado venezolano. Este punto se ha convertido en uno de los principales focos de debate dentro del proceso judicial.

Analistas consideran que el juicio podría extenderse por varios años debido a su complejidad técnica y a las múltiples apelaciones que se anticipan por parte de la defensa. En este contexto, la decisión del juez de mantener los cargos, pero cuestionar las condiciones del proceso, refleja el delicado equilibrio entre la aplicación de la justicia y el respeto a las garantías legales.