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Juez de Texas frena uso de ley de 1798 contra venezolanos
Juez federal prohíbe al Gobierno de Trump aplicar ley centenaria para expulsar a venezolanos detenidos en Texas
3 de mayo de 2025
Un juez federal en Texas prohibió este jueves al Gobierno de Donald Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII, para expulsar por la vía rápida a un grupo de venezolanos recluidos en un centro migratorio del estado. La decisión representa un revés importante a la controvertida estrategia migratoria de Trump, quien busca retomar la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre.
El fallo fue emitido por el juez Fernando Rodríguez, designado por el propio Trump durante su primer mandato. La resolución responde a una demanda colectiva presentada por varios de los afectados, después de que el pasado 19 de abril el Tribunal Supremo ya hubiera bloqueado de forma temporal estas deportaciones en virtud de esa misma legislación.
El Gobierno de Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 normalmente reservada para tiempos de guerra el pasado 14 de marzo, con el argumento de que ciertos migrantes venezolanos pertenecían al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. Bajo esa figura legal, pretendía ejecutar expulsiones exprés sin ofrecer audiencias ni respetar el debido proceso.
Rodríguez, sin embargo, concluyó que esa interpretación excedía claramente el alcance legal previsto. “El registro histórico deja claro que la invocación del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros a través de una proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado sencillo y ordinario de los términos del estatuto”, escribió en su fallo.
A pesar de la prohibición permanente del uso de esta ley, el juez señaló que el Gobierno de Trump aún podría proceder con las deportaciones si lo hace bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual contempla procedimientos específicos y garantías legales.
Tres de los demandantes, todos venezolanos detenidos en el centro migratorio El Valle de Raymondville (Texas), afirmaron no tener vínculos con el Tren de Aragua y alegaron que el uso de la ley de 1798 les privaba del derecho constitucional al debido proceso.
La decisión judicial ocurre en un momento delicado, en medio de una campaña presidencial marcada por un fuerte discurso antiinmigrante, y en el contexto de tensiones legales entre el poder ejecutivo y el judicial sobre el alcance de las políticas migratorias extraordinarias.