INTERNACIONALES

El gobierno de Israel anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, retirará las licencias de operación de más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindan asistencia humanitaria en la Franja de Gaza, entre ellas la destacada Médicos Sin Fronteras (MSF), decisión que ha generado polémica internacional entre defensores de derechos humanos y gobiernos extranjeros.

La medida fue dada a conocer por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, que explicó que las ONG incluidas en la lista no cumplieron con los nuevos requisitos de registro que exigen, entre otras cosas, la presentación de información detallada sobre su personal, fuentes de financiamiento y estructura operativa. El gobierno sostiene que estas normas buscan impedir que grupos armados o personas con vínculos militantes se infiltren en las filas de ayuda humanitaria.

Entre las organizaciones afectadas se encuentran Médicos Sin Fronteras (MSF), ActionAid, Care, Oxfam, World Vision y el Norwegian Refugee Council, todas con destacada trayectoria en labores de asistencia en zonas de conflicto. Israel argumenta que las ONG señaladas representan alrededor del 15 % de los grupos que operan en Gaza y que, pese a esta suspensión, el flujo de ayuda humanitaria continuará a través de otras organizaciones que sí cumplieron los criterios exigidos.

MSF, en un comunicado oficial, rechazó haber recibido una notificación formal sobre la cancelación de su licencia y negó las acusaciones de colaboraciones con grupos armados, advirtiendo que su salida de Gaza podría tener “consecuencias devastadoras” para la población palestina. La organización sostiene que aporta una parte significativa de la atención médica y apoyo sanitario en la zona, donde el sistema de salud se encuentra gravemente afectado tras años de conflicto.

La decisión ha sido recibida con preocupación por gobiernos de varios países y organismos internacionales, que han señalado que esta suspensión podría agravar una ya crítica crisis humanitaria en Gaza, donde millones de personas dependen de asistencia externa para acceder a servicios básicos, alimentos y atención médica. Representantes europeos han advertido sobre el impacto negativo en la distribución de ayuda, especialmente en medio de condiciones climatológicas adversas y escasez de recursos.

Las autoridades israelíes defienden que su política pretende garantizar seguridad y transparencia en la entrega de ayuda, enfatizando que la asistencia humanitaria no está prohibida en sí, sino que se continuará canalizando a través de organizaciones que cumplan con las estipulaciones legales. Sin embargo, grupos defensores de derechos humanos argumentan que las nuevas exigencias ponen en riesgo la neutralidad de las ONG y podrían dejar a sectores vulnerables sin acceso a ayuda fundamental.

Las organizaciones que pierdan sus permisos tendrán hasta el 1 de marzo de 2026 para concluir sus actividades en los territorios palestinos y retirar a su personal internacional. Mientras tanto, las negociaciones entre los grupos afectados y las autoridades israelíes continúan, en busca de soluciones que permitan aliviar el impacto humanitario sin comprometer la seguridad ni la operatividad de las ONG en la región.