INTERNACIONALES

Un informe elaborado por especialistas en derechos humanos advierte que durante la aplicación del régimen de excepción en El Salvador podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, debido a una serie de presuntas violaciones sistemáticas contra la población civil registradas en los últimos años.

El documento fue presentado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, el cual analizó múltiples testimonios, expedientes judiciales y reportes de organizaciones civiles. Según los investigadores, los hechos recopilados apuntan a posibles delitos internacionales como detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual, además de persecución contra determinadas personas o grupos.

El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 por el gobierno salvadoreño como parte de una estrategia de seguridad para combatir a las pandillas y frenar la violencia criminal. Desde entonces, las autoridades han realizado miles de arrestos en operativos de gran escala que, según el gobierno, buscan desarticular las estructuras delictivas que operaban en el país.

No obstante, el informe señala que la aplicación prolongada de estas medidas habría derivado en graves vulneraciones a los derechos humanos. Entre los datos recopilados se menciona que hasta agosto de 2025 se registraron al menos 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos menores de edad, y más de 540 casos de desapariciones forzadas vinculadas a personas detenidas durante el período de emergencia.

Los expertos también indican que la política de seguridad habría provocado detenciones masivas que superan las decenas de miles de personas, muchas de ellas sin procesos judiciales claros o sin evidencia suficiente que justificara su arresto. Según el análisis, estas prácticas podrían constituir una política sistemática contra sectores de la población, elemento que en el derecho internacional puede configurar crímenes de lesa humanidad.

Ante estos señalamientos, los especialistas recomendaron que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas considere establecer una misión internacional independiente para investigar los hechos, determinar responsabilidades y garantizar procesos de rendición de cuentas. También plantean revisar los casos de personas detenidas y fortalecer los mecanismos de protección de derechos fundamentales.

El gobierno salvadoreño ha defendido su estrategia de seguridad al afirmar que el régimen de excepción ha permitido reducir significativamente los niveles de violencia en el país y debilitar el poder de las pandillas. Sin embargo, organizaciones internacionales continúan observando con preocupación los posibles abusos cometidos durante la aplicación de estas medidas extraordinarias.

El debate sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos sigue siendo uno de los temas más sensibles en la región, especialmente en contextos donde los gobiernos recurren a medidas excepcionales para enfrentar la criminalidad organizada.