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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) inició un proceso para aumentar su capacidad de detención con la incorporación de al menos 5,500 nuevos espacios destinados a migrantes retenidos por procesos migratorios, en medio del endurecimiento de las políticas de control y deportación impulsadas por la administración estadounidense.

La agencia federal busca contratar proveedores que puedan habilitar nuevas instalaciones de detención en ciudades como Miami, Denver, Seattle y Filadelfia. La medida responde al incremento de arrestos de personas en situación migratoria irregular y al objetivo de ampliar la infraestructura disponible para procesar casos de deportación.

El plan contempla la disponibilidad rápida de nuevos espacios, con instalaciones que puedan estar listas para operar en corto plazo. ICE solicitó propuestas para centros capaces de ofrecer alojamiento, atención médica, servicios de alimentación, transporte y custodia para las personas bajo su responsabilidad.

De acuerdo con los documentos públicos del Gobierno estadounidense, la expansión incluiría 1,500 camas en Denver, 700 en Miami, 1,500 en Seattle y 1,800 en Filadelfia.

Las autoridades buscan principalmente instalaciones existentes que puedan adaptarse rápidamente, aunque también consideran nuevas construcciones.

La ampliación ocurre luego de un aumento significativo en el número de personas detenidas por autoridades migratorias. Reportes señalan que los centros bajo custodia de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han registrado un crecimiento considerable durante la actual etapa de aplicación de políticas migratorias más estrictas.

El incremento de la capacidad de detención forma parte de una estrategia más amplia enfocada en acelerar procesos migratorios, fortalecer operativos y aumentar las deportaciones de personas que no cuentan con autorización legal para permanecer en territorio estadounidense.

La política migratoria estadounidense continúa generando debate entre autoridades, organizaciones defensoras de migrantes y sectores políticos. Mientras el Gobierno argumenta que la ampliación es necesaria para cumplir las leyes migratorias, grupos de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones de los centros de detención y el impacto sobre las familias migrantes.

Para comunidades latinoamericanas, especialmente de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, las nuevas medidas representan un escenario de mayor vigilancia migratoria y posibles cambios en los procesos para quienes buscan permanecer o ingresar a Estados Unidos.