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Andrew Mountbatten‑Windsor, hermano menor del rey Carlos III, fue detenido este jueves por la policía británica bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en el que se investiga si pudo haber compartido información confidencial del gobierno con personas no autorizadas durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido.

La detención de Andrew Mountbatten‑Windsor se produce después de que en 2025 fuera despojado de sus títulos reales y retirado de sus funciones oficiales, en medio del mismo escándalo que rodea al caso Jeffrey Epstein. A pesar de haber perdido el tratamiento de príncipe, sigue siendo una figura muy conocida públicamente y ocupa aún un lugar en la línea de sucesión al trono británico.

La Policía del Valle del Támesis informó que agentes acudieron a la finca real de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde el ex príncipe residía, y procedieron a su arresto en la mañana de este 19 de febrero. El detenido fue trasladado a una comisaría local mientras las autoridades continúan con la investigación.

La detención ocurre en medio de renovado escrutinio sobre sus vínculos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, cuyo archivo de correo electrónico recientemente divulgado incluye supuestas comunicaciones entre Mountbatten‑Windsor y el convicto por delitos sexuales. Aunque Andrew siempre negó cualquier irregularidad y su relación con Epstein, las autoridades consideran que hay motivos suficientes para investigarlo por posibles incumplimientos del deber en su función oficial.

La operación también incluyó registros en otras propiedades vinculadas al ex príncipe ubicadas en Berkshire y Norfolk, en relación con las acusaciones que forman parte del caso abierto por la policía británica.

El primer ministro británico, Keir Starmer, subrayó que en el Reino Unido “nadie está por encima de la ley” y que el sistema de justicia debe aplicarse de manera igualitaria, sin importar la posición social o familiar de los involucrados.

Por su parte, el rey Carlos III emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la situación, pero dejó claro que la familia real dará su apoyo a las autoridades competentes y al debido proceso legal, enfatizando que “la ley debe seguir su curso”.

La acusación de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, que es objeto de la investigación actual, puede conllevar cargos graves si se demuestra que hubo abuso de responsabilidad o filtración de datos reservados mientras cumplía sus labores como representante oficial del Reino Unido en el extranjero.

Este desarrollo marca uno de los episodios más inusuales en la historia reciente de la monarquía británica, ya que es raro que un miembro de la familia real sea arrestado y sometido a procesos judiciales por presuntas irregularidades relacionadas con su conducta oficial.

Las autoridades han señalado que este es un caso “activo” y que continuarán ofreciendo actualizaciones conforme se avance en las pesquisas, mientras se espera que el ex príncipe pueda enfrentar si procede una comparecencia judicial formal más adelante.