INTERNACIONALES

Más de 50 organizaciones civiles de Estados Unidos incluyendo colectivos latinos y defensores de los derechos de migrantes enviaron una carta formal a la Cámara de Representantes de EEUU para solicitar el inicio de un juicio político (“impeachment”) contra Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), debido a su gestión de la política migratoria.

Las agrupaciones, entre ellas Voto Latino, Freedom for Immigrants, Hispanic Federation, UnidosUS y Latino Victory Project, argumentan que la actuación de Noem ha ido más allá de lo aceptable y que ha promovido medidas que socavan el Estado de derecho y los derechos civiles.

En la misiva dirigida al presidente del órgano legislativo, Mike Johnson, y a otros líderes del Congreso, las organizaciones piden que la funcionaria rinda cuentas por “altos crímenes y faltas menores” en el ejercicio de sus funciones.

Una de las críticas centrales es la acusación de que Noem ha impulsado enfoques represivos y “violentos” en las operaciones migratorias, lo que, según los grupos, ha derivado en situaciones graves como el uso excesivo de fuerza letal por parte de agentes del DHS, que ha provocado muertes en incidentes recientes en Minnesota.

Además de las denuncias sobre violencia institucional, los colectivos señalan que Noem ha obstruido el trabajo del Congreso al restringir el acceso de legisladores a instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que, en su visión, impide la adecuada supervisión legislativa y viola el principio de separación de poderes.

Las organizaciones también subrayan que la política de inmigración bajo la dirección de Noem “ha privado” a detenidos de debido proceso, ha llevado a detenciones ilegales y ha implicado la aplicación de tácticas que afectan incluso a menores de edad, citando casos específicos que han generado controversia nacional.

Este llamado se produce en un contexto en el que el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos ha estado marcado por tensiones entre legisladores, defensores de derechos humanos y la Administración, con demandas crecientes tanto en el Congreso como en la sociedad civil para que se investiguen y, de ser necesaria, se sancione a quienes consideran responsables del manejo de la crisis migratoria.