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El Gobierno de Ecuador presentó una denuncia ante la Fiscalía por un presunto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, luego de que su caravana presidencial fuera atacada mientras se dirigía a un evento en la provincia andina de Cañar.

Según informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, Noboa se dirigía al municipio de El Tambo para participar en un acto oficial cuando aproximadamente 500 personas lanzaron piedras contra los vehículos de la comitiva. “También hay signos de bala en el carro del presidente”, añadió la funcionaria. A pesar del ataque, el mandatario resultó ileso y continuó con su agenda “con normalidad”, aseguró la ministra.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó que el vehículo presidencial está siendo analizado por Criminalística. Además, la Policía y las fuerzas de seguridad lograron detener a cinco personas, que serán imputadas por delito de terrorismo.

Manzano enfatizó que este tipo de incidentes no serán tolerados: “Ecuador dice: ‘Sí a la paz, sí al trabajo’, y esta clase de manifestaciones que no son pacíficas no son las que necesitamos en un momento de progreso y desarrollo”, manifestó.

El ataque se produjo durante el decimosexto día de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras la eliminación del subsidio al diésel el 12 de septiembre, que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. Manzano aclaró que las comunidades indígenas ancestrales no están involucradas, y que los ataques serían obra de “células criminales”.

Por su parte, la Conaie denunció en X una “brutal acción policial y militar” durante la llegada de Noboa a El Tambo y señaló que cinco personas habían sido detenidas de forma arbitraria**.

Las demandas de los indígenas incluyen la restitución del subsidio al diésel, la reducción del IVA del 15 % al 12 %, y la oposición al referéndum del 16 de noviembre sobre una posible Asamblea Constituyente. Hasta el momento, las protestas han dejado un fallecido, más de 100 heridos y numerosos detenidos, de los cuales unos 20 permanecen en prisión preventiva acusados de terrorismo.

El Gobierno reafirmó que no dará marcha atrás en su decisión de eliminar el subsidio, argumentando que este beneficiaba principalmente al contrabando y la minería ilegal, y advirtió que las manifestaciones ya han adquirido un trasfondo político.

Actualmente, nueve carreteras permanecen cerradas en tres provincias, principalmente en Imbabura, considerado el epicentro de las protestas indígenas.