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El Gobierno de Florida anunció que apelará la orden judicial que obliga a cerrar en 60 días el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, y aseguró que las deportaciones continuarán pese al fallo.

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, determinó la semana pasada que el sitio debía desmantelarse parcialmente, tras una demanda de grupos ambientales Friends of The Everglades, Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee, por el daño ambiental que el centro genera en los Everglades, hogar de especies endémicas como panteras, caimanes y cocodrilos. La orden prohíbe nuevas construcciones, pavimentación o el ingreso de migrantes adicionales al lugar.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el equipo del gobernador Ron DeSantis calificaron el fallo como un exceso de autoridad de la jueza y anunciaron que lo apelarán. “Una vez más, ella se excede en su autoridad, y apelaremos esta decisión ilegal”, publicó Jeremy Redfern, portavoz del fiscal. Mientras tanto, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador, aseguró que las deportaciones continuarán desde el centro.

Actualmente, permanecen 336 personas detenidas en Alligator Alcatraz, incluyendo 78 mexicanos según reportó el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón.

La instalación abrió el 3 de julio en un aeropuerto abandonado rodeado de humedales y fauna silvestre, como caimanes, cocodrilos y panteras.

El centro se ha convertido en un símbolo de la política migratoria de la Administración Trump. Desde enero, el número de detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha aumentado un 49 %, alcanzando 55.568 personas en la primera mitad de julio.

La controversia sobre Alligator Alcatraz combina debates legales, humanitarios y ambientales, y ahora enfrenta una batalla judicial sobre su continuidad y operación.