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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes participaron en el juicio que condenó a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, solicitaron este lunes a la Justicia que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a la exmandataria y que cumpla su condena en una unidad penitenciaria común.

La presentación fue hecha ante la Cámara de Casación Penal, y a la cual tuvo acceso EFE. En ella, los fiscales piden que “se revoque el arresto domiciliario de Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”.

Luciani y Mola impugnan el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 del pasado 17 de junio, que permitió la detención bajo modalidad domiciliaria en la vivienda de Fernández en Buenos Aires.

Los fiscales argumentan que no se cumplen las condiciones necesarias para otorgar la prisión domiciliaria, en términos de seguridad y cumplimiento efectivo de la pena. Señalan que el domicilio actual no garantiza condiciones mínimas de seguridad ni para la convivencia vecinal ni para la integridad de la propia condenada.

En caso de que la revocatoria no prospere, solicitaron que la prisión domiciliaria se cumpla en un lugar alternativo que brinde mayores garantías de seguridad. También pidieron establecer pautas de conducta más estrictas para la expresidenta hasta que se decida la modalidad definitiva del cumplimiento de la pena.

La solicitud llega después de una polémica generada por el uso del balcón de su vivienda, desde donde Fernández saludó a sus seguidores tras la entrada en vigor de su condena. La Justicia finalmente permitió el uso del balcón con la condición de que se haga con “prudencia” para no perturbar la tranquilidad del vecindario.

La Cámara de Casación Penal deberá resolver este pedido y otros vinculados a la ejecución de la condena.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Argentina rechazó el 10 de junio un recurso presentado por Fernández, ratificando la condena en la causa conocida como ‘Vialidad’, que investiga irregularidades en la concesión de obras públicas en Santa Cruz durante su mandato y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner.