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La Fiscalía boliviana emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, dentro de una investigación por presuntos delitos relacionados con las protestas y bloqueos registrados en el país durante mayo y junio de 2026. El exmandatario es señalado por supuestos delitos como terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado.

La decisión judicial ocurre luego de una serie de movilizaciones sociales que paralizaron diferentes regiones de Bolivia durante varias semanas y que estuvieron vinculadas a demandas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Las autoridades investigan la posible participación de Morales en la organización o impulso de estas acciones.

La Fiscalía acusa al exgobernante de una serie de delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.

Según la investigación, los bloqueos registrados durante las protestas ocasionaron afectaciones económicas y dificultades en el transporte y la circulación de mercancías en distintas zonas del país. Las autoridades consideran que los hechos deben ser esclarecidos mediante el proceso judicial correspondiente.

La orden de captura fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, tras una denuncia presentada por sectores cívicos y respaldada posteriormente por autoridades del Gobierno.

El proceso busca determinar si existió responsabilidad penal del exmandatario en los hechos investigados.

Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, rechazó los señalamientos y aseguró que la acusación forma parte de una persecución política en su contra. El exjefe de Estado afirmó que no abandonará su actividad política y cuestionó las acciones emprendidas por la justicia boliviana.

La situación judicial del exmandatario se suma a otros procesos que han marcado su trayectoria política en los últimos años. En Bolivia, las disputas entre sectores opositores y seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS) han mantenido un escenario de alta tensión política y judicial.

Analistas señalan que la decisión podría profundizar la polarización política en el país, debido al peso que mantiene Morales dentro de una parte del electorado boliviano y por las divisiones existentes alrededor de su figura y su legado político.

El caso continuará ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán avanzar con las investigaciones y definir las próximas acciones dentro del expediente. Mientras tanto, el exmandatario permanece bajo presión legal mientras sus seguidores denuncian una ofensiva política en su contra.