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Fin a convenio con Iglesia golpea atención a menores migrantes

La medida pone fin a una colaboración que se había mantenido durante décadas entre el gobierno federal y la Arquidiócesis de Miami, a través de Catholic Charities, encargada de asistir a niños que ingresan solos al país.

16 de abril de 2026

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, canceló un contrato millonario con una organización vinculada a la Iglesia Católica en Miami, que brindaba atención y albergue a menores migrantes no acompañados.

 

La medida pone fin a una colaboración que se había mantenido durante décadas entre el gobierno federal y la Arquidiócesis de Miami, a través de Catholic Charities, encargada de asistir a niños que ingresan solos al país.

 

El programa era financiado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y formaba parte del sistema de atención a menores migrantes en territorio estadounidense.

 

La decisión se produce en un contexto de tensiones entre la administración y sectores de la Iglesia Católica, además de un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Washington.

 

De acuerdo con reportes oficiales, el contrato —valorado en millones de dólares— permitía financiar centros que ofrecían alojamiento, protección y servicios básicos a menores que cruzaban la frontera sin la compañía de un adulto.

 

Autoridades eclesiásticas señalaron que la cancelación fue abrupta y que el programa, que llevaba más de seis décadas en funcionamiento, podría cerrar en un plazo de tres meses por falta de recursos.

 

El arzobispo de Miami advirtió que esta decisión afecta directamente a una población vulnerable, ya que el servicio brindado había sido considerado un modelo en la atención de menores migrantes dentro del país.

 

Por su parte, el gobierno argumentó que la medida responde a ajustes en el sistema de atención, debido a una reducción en la cantidad de menores bajo custodia y a la reestructuración de instalaciones.

 

La cancelación del contrato genera incertidumbre sobre el futuro de los niños que actualmente reciben asistencia, en medio de un debate más amplio sobre las políticas migratorias y el papel de organizaciones religiosas en la atención humanitaria en Estados Unidos.

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