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Familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador solicitaron este miércoles que la medida no sea prorrogada y que se derogue el decreto legislativo que la permite, así como la facultad dada a la Fiscalía General para extender el tiempo de investigación.

Aunque el régimen de excepción cuenta con amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia, también enfrenta críticas por miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo muertes bajo custodia estatal.

Un grupo de al menos un centenar de personas, acompañadas por miembros del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir), se movilizaron por las calles principales de San Salvador para entregar una solicitud a la Asamblea Legislativa. La petición fue dirigida a los diputados de la Junta Directiva y a la Comisión de Seguridad del Congreso.

Samuel Ramírez, coordinador de Movir, explicó que piden que no se prorrogue el decreto que autoriza a la Fiscalía a alargar la detención sin pruebas suficientes. “Si no hay cómo comprobar delito, que liberen a los inocentes; y a los culpables, que sean condenados y permanezcan en prisión”, afirmó.

El régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85,900 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a ellas. Su aprobación siguió al asesinato de más de 80 personas en un solo fin de semana, y se ha relacionado con la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas, según investigaciones periodísticas.

Analistas y organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que el régimen se ha convertido en un mecanismo permanente de control social y una herramienta para silenciar voces críticas.

A pesar de las críticas, se prevé que el Congreso, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas, prorrogue la medida por otros 30 días la próxima semana.