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Guido fue elegida magistrada de la Corte Suprema en noviembre de 2025. Antes de llegar a ese órgano, desarrolló buena parte de su carrera dentro de instituciones vinculadas con la seguridad pública y el sistema de justicia.
2 de septiembre de 2026
La exguerrillera sandinista Ana Julia Guido Ochoa fue designada y juramentada como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, luego de recibir el respaldo unánime de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. Su nombramiento ocurre días después de la salida de Alba Luz Ramos.
Guido Ochoa tiene una extensa trayectoria dentro de las estructuras de seguridad y justicia nicaragüenses. Fue subdirectora de la Policía Nacional y posteriormente fiscal general de la República, cargo que ocupó entre 2014 y 2025.
En 2020, Estados Unidos la incluyó en su régimen de sanciones y la señaló por su presunta participación en acciones represivas del Gobierno de Daniel Ortega. Washington también cuestionó su actuación como fiscal frente a manifestantes y opositores.
La nueva presidenta de la Corte Suprema sustituye a Alba Luz Ramos, quien renunció recientemente alegando motivos de salud y jubilación. Su salida se produjo en medio de una reestructuración del máximo tribunal nicaragüense que ha llevado a la salida de varios magistrados durante los últimos dos años.
Guido fue elegida magistrada de la Corte Suprema en noviembre de 2025. Antes de llegar a ese órgano, desarrolló buena parte de su carrera dentro de instituciones vinculadas con la seguridad pública y el sistema de justicia.
La Asamblea Nacional también nombró a José Manuel Fuertes Toledo como vicepresidente de la Corte Suprema. Ambos funcionarios fueron postulados por la Presidencia y aprobados por unanimidad durante la sesión legislativa.
El cambio ocurre bajo un nuevo esquema institucional. Una reforma constitucional aprobada en 2025 redujo de 16 a 10 el número de magistrados de la Corte y otorgó a Daniel Ortega y Rosario Murillo mayores atribuciones sobre la designación de las autoridades judiciales.
La nueva normativa establece además una relación de subordinación del sistema judicial con la Presidencia, situación que ha generado cuestionamientos de sectores opositores y analistas que consideran que el Ejecutivo ha ampliado su influencia sobre las instituciones del Estado.