INTERNACIONALES

Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó con firmeza una nueva orden ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible a Cuba, calificándola como una grave violación del derecho internacional y una amenaza al orden democrático internacional.

El pronunciamiento, emitido desde Ginebra, cuestiona la declaración de “emergencia nacional” hecha por el presidente de Estados Unidos y rechaza el uso de aranceles punitivos contra países que suministren petróleo a Cuba, advirtiendo que esta medida constituye una forma de coacción económica unilateral con efectos más allá de sus fronteras.

Los expertos subrayaron que no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para este tipo de acciones, por lo que la orden no tiene fundamento bajo los principios de seguridad colectiva establecidos por la comunidad internacional.

Además, sostuvieron que tildar a Cuba de amenaza a la seguridad nacional con el argumento de supuestos vínculos con “grupos terroristas transnacionales” carece de credibilidad y parece diseñado para justificar el uso de poderes coercitivos.

En relación con las consecuencias prácticas del bloqueo, los relatores expresaron profunda preocupación por su impacto humanitario y socioeconómico, advirtiendo que la restricción de combustible puede desencadenar una crisis en servicios esenciales como electricidad, agua, transporte, sistemas de salud y producción de alimentos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población cubana.

El comunicado confronta directamente la política estadounidense al afirmar que el derecho internacional no permite sancionar a terceros países por mantener relaciones comerciales legales con un Estado soberano, y urgió a Washington a revocar inmediatamente la orden ejecutiva y cesar el uso de medidas económicas extraterritoriales que, según los expertos, agravan situaciones humanitarias ya delicadas.

Este pronunciamiento se produce en un momento en que otras voces internacionales también han cuestionado las medidas energéticas contra Cuba: la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado su preocupación por la agravación de la crisis socioeconómica en la isla, relacionada con la escasez de combustible y otras sanciones, subrayando que estas acciones impactan derechos fundamentales como la alimentación, la salud y el acceso al agua.

El rechazo de los expertos de la ONU a estas políticas unilaterales suma presión diplomática en medio de un debate global sobre la legalidad y las repercusiones humanitarias de aplicar sanciones económicas con efectos extraterritoriales en tiempos de paz.