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Una instancia judicial de El Salvador ordenó al ex diputado Roberto d’Aubuisson reintegrar más de 450 mil dólares al Estado, luego de concluir que no pudo justificar el origen de ese dinero durante el período en que ejerció cargos públicos.

El caso se enmarca en los procesos de fiscalización patrimonial que impulsa la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la cual revisa el incremento de bienes de funcionarios y exfuncionarios. Estas investigaciones buscan detectar irregularidades y garantizar que los recursos obtenidos por servidores públicos tengan un respaldo legal. En los últimos años, este mecanismo ha sido clave para abrir expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, tanto en el ámbito político como municipal.

De acuerdo con las autoridades, el exlegislador presentó inconsistencias significativas entre sus ingresos declarados y su patrimonio real, lo que llevó a determinar que una parte importante de sus bienes no tenía justificación legal. Tras el análisis del caso, la corte resolvió que el implicado deberá devolver al Estado una suma superior a los 450 mil dólares.

La sentencia también incluye responsabilidad civil para familiares cercanos, quienes fueron vinculados al proceso tras detectarse que habrían recibido o administrado parte de los fondos cuestionados. En ese sentido, el fallo amplía el alcance de la restitución económica, obligando a devolver montos adicionales que se consideran parte del enriquecimiento no justificado.

El proceso se sustentó en auditorías financieras, cruces de información bancaria y revisión de declaraciones patrimoniales, herramientas que permitieron identificar discrepancias relevantes en el manejo de recursos. Las autoridades destacaron que estos mecanismos son fundamentales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

Este tipo de resoluciones forman parte de una tendencia más amplia en El Salvador, donde se han incrementado los casos contra exfuncionarios por irregularidades en el manejo de fondos. En algunos expedientes, las investigaciones han derivado también en procesos penales, dependiendo de la gravedad de los hallazgos.

Con esta decisión, el sistema judicial salvadoreño reafirma su postura de exigir rendición de cuentas a quienes han ocupado cargos públicos, subrayando que el enriquecimiento ilícito conlleva no solo sanciones económicas, sino también un impacto en la credibilidad institucional.