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Exalcaldesa de California admite actuar como agente de China
Las investigaciones señalan que entre 2020 y 2022 la exfuncionaria habría seguido instrucciones de funcionarios vinculados a Pekín para publicar y promover materiales informativos alineados con la postura del gobierno chino, sin revelar dicha relación ante las autoridades de Estados Unidos.
30 de mayo de 2026
La exalcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, se declaró culpable ante una corte federal en Estados Unidos por actuar como agente no registrada del gobierno de China, tras una investigación que apunta a actividades de influencia política y difusión de propaganda entre 2020 y 2022. El caso forma parte de un proceso judicial que también involucra a otros colaboradores ya condenados por hechos similares.
La exalcaldesa de la ciudad de Arcadia, en el estado de California, Eileen Wang, admitió ante la justicia estadounidense haber actuado como agente del gobierno chino sin registrarse ante las autoridades federales, como lo exige la legislación de ese país.
De acuerdo con documentos judiciales y reportes del Departamento de Justicia, Wang participó en un esquema de difusión de contenido favorable a China a través de una plataforma digital dirigida a la comunidad chino-estadounidense, en coordinación con un colaborador que ya había sido condenado por el mismo caso.
Las investigaciones señalan que entre 2020 y 2022 la exfuncionaria habría seguido instrucciones de funcionarios vinculados a Pekín para publicar y promover materiales informativos alineados con la postura del gobierno chino, sin revelar dicha relación ante las autoridades de Estados Unidos.
Uno de los elementos centrales del expediente indica que la plataforma utilizada difundía contenido político sensible, incluyendo mensajes que negaban acusaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang, lo que generó preocupación dentro del ámbito político y judicial estadounidense.
Wang, quien dejó su cargo tras hacerse público el caso, enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión federal, además de un periodo de supervisión posterior si el tribunal confirma la sentencia en las próximas audiencias programadas.
El caso ha sido interpretado por autoridades federales como un ejemplo de los intentos de influencia extranjera en espacios políticos locales dentro de Estados Unidos, especialmente a través de medios digitales y redes comunitarias.