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El expresidente boliviano Evo Morales permanece en libertad pese a tener vigentes dos órdenes de aprehensión emitidas en su contra por diferentes procesos judiciales. La Policía no ha ejecutado las órdenes debido a las dificultades que implicaría intervenir en el bastión político del exmandatario, donde mantiene el respaldo de sus seguidores.

Morales se encuentra en la región del Trópico de Cochabamba, donde sus simpatizantes han establecido mecanismos de vigilancia para evitar que sea detenido. El escenario ha convertido el cumplimiento de las órdenes judiciales en un asunto con importantes implicaciones políticas y de seguridad.

Una de las órdenes está relacionada con una investigación por trata y tráfico de personas, mientras que la segunda surgió a raíz de las protestas y bloqueos de carreteras registrados en Bolivia durante mayo y junio de 2026.

En este último expediente, la Fiscalía investiga a Morales por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado y asociación delictuosa, debido a su supuesta participación en las movilizaciones. Morales ha rechazado las acusaciones y ha negado haber buscado la caída del Gobierno.

Las autoridades bolivianas han reiterado que el cumplimiento de las órdenes judiciales continúa siendo una tarea pendiente. El Gobierno de Rodrigo Paz calificó la detención de Morales como una prioridad, aunque hasta ahora no se ha concretado el operativo.

El principal obstáculo señalado es el riesgo de que una intervención policial en el Trópico de Cochabamba provoque enfrentamientos con los grupos que respaldan al exmandatario. Esta posibilidad ha llevado a las autoridades a actuar con cautela para evitar una escalada de violencia.

A pesar de las órdenes de captura, el exgobernante continúa desarrollando actividades en el Trópico de Cochabamba y mantiene presencia pública. Sus seguidores permanecen movilizados en defensa del antiguo mandatario, quien continúa siendo una figura de influencia entre sectores sociales y sindicales de esa región.

Morales también ha cuestionado las acusaciones y atribuido parte de las acciones judiciales a una persecución política en su contra. El dirigente sostiene que las movilizaciones que encabezó estuvieron vinculadas con demandas sociales y políticas, y no con un intento de derrocar al Ejecutivo.