INTERNACIONALES

A tan solo dos semanas de que finalice el periodo establecido, España ha recibido cerca de 900,000 solicitudes de migrantes que buscan regularizar su situación legal en el país, en el marco de un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno para ordenar la residencia y el empleo de personas extranjeras que ya viven en el territorio.

El proceso de regularización se ha convertido en uno de los más amplios registrados en la historia reciente del país, superando las expectativas iniciales de las autoridades. La medida busca incorporar al sistema formal a miles de personas que ya residen en España, muchas de las cuales se encuentran trabajando en la economía informal o en situación administrativa irregular.

Las solicitudes han aumentado de forma acelerada conforme se acerca la fecha límite del 30 de junio, lo que ha generado una fuerte presión sobre las oficinas de extranjería y los sistemas de tramitación digital y presencial.

Según datos oficiales y estimaciones de organizaciones vinculadas al proceso, alrededor de 360,000 expedientes ya han sido admitidos a trámite, mientras el resto continúa en fase de revisión y validación documental.

El objetivo del programa es permitir que las personas solicitantes puedan acceder a permisos de residencia y trabajo, facilitando su incorporación al sistema laboral formal y reduciendo la economía sumergida, un fenómeno que afecta a distintos sectores productivos como la agricultura, los cuidados y la construcción.

Organizaciones sociales que acompañan a los migrantes han destacado la magnitud del proceso y la alta demanda de información y asistencia, especialmente entre quienes enfrentan dificultades para reunir documentación o acceder a citas administrativas en el tiempo previsto.

El Gobierno, por su parte, ha reiterado que todas las solicitudes serán evaluadas y ha pedido a los interesados completar sus expedientes dentro del plazo establecido, con el fin de evitar que queden fuera del procedimiento.

Analistas señalan que este proceso podría convertirse en uno de los mayores ejercicios de regularización de la última década en Europa, tanto por el volumen de solicitudes como por su impacto en el mercado laboral y la integración social de la población migrante en España.