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En las últimas horas ha entrado en vigor en España el nuevo reglamento de extranjería, una reforma que el Gobierno presenta como un avance histórico en derechos humanos y que podría permitir la regularización de hasta 900.000 personas migrantes en los próximos tres años. Sin embargo, organizaciones sociales y defensores de derechos han expresado fuertes críticas por los efectos adversos que podría tener sobre solicitantes de asilo, menores y otros colectivos vulnerables.

La nueva normativa busca modernizar la política migratoria después de 13 años sin reformas profundas, adaptándola a la realidad actual y a las normativas europeas. Entre sus principales novedades destacan:

Una reconfiguración del arraigo, que ahora contempla cinco variantes: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar.

Se reduce de tres a dos años el tiempo mínimo de permanencia en el país para solicitar el arraigo.

Se mejora la reagrupación familiar, ampliando el rango de edad de hijos beneficiarios de 21 a 26 años.

Las autorizaciones iniciales serán de un año, y las renovaciones se extenderán automáticamente a cuatro años, con el fin de reducir la irregularidad sobrevenida.

Los estudiantes extranjeros tendrán permisos ajustados a la duración de sus estudios, con un acceso simplificado al mercado laboral tras su finalización.

No obstante, el reglamento introduce un cambio que ha encendido las alarmas entre ONG, entidades sociales, el Defensor del Pueblo y algunos partidos políticos: el tiempo que una persona resida en España como solicitante de asilo ya no contará para optar al arraigo. Esto significa que quienes reciban una denegación de asilo pasarán automáticamente a la irregularidad y deberán esperar dos años más para poder regularizar su situación.

Este punto afecta especialmente a ciudadanos latinoamericanos, ya que en 2024, Venezuela y Colombia representaron el 63 % de las solicitudes de asilo en España, con más de 66,000 y 40,000 peticiones respectivamente. También figuran con números elevados países como Perú, Nicaragua, Honduras y Ecuador.

Como medida transitoria, el reglamento contempla durante un año una reducción del plazo a seis meses para acceder al arraigo de quienes vean su solicitud de asilo rechazada. Sin embargo, esto ha generado el efecto indeseado de que muchos solicitantes hayan renunciado a su petición para acogerse a la vía rápida, quedando entretanto en situación irregular.

Ante esta situación, siete organizaciones sociales han recurrido el reglamento ante el Tribunal Supremo, aún sin resolución. El Defensor del Pueblo ha advertido que la medida “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores”.

Este contexto ha llevado al Gobierno a replantear su postura frente a una iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria, que hasta ahora no formaba parte de su agenda prioritaria. El PSOE, que gobierna en coalición con Sumar, ha comenzado negociaciones con otros grupos parlamentarios para desbloquear esta propuesta respaldada por más de 600,000 firmas y que lleva más de un año estancada en el Parlamento.

La reforma representa un avance significativo para muchos migrantes, pero también una amenaza jurídica para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, abriendo un debate crucial sobre el equilibrio entre control migratorio y protección de derechos humanos.