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El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Donald Trump a revocar la protección temporal conocida como "parole humanitario" que la administración de Joe Biden había otorgado a más de medio millón de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esta decisión forma parte de la política migratoria más estricta prometida por Trump tras su regreso a la Casa Blanca, que busca limitar la inmigración legal y expulsar a inmigrantes en situación irregular.

El Tribunal emitió un fallo que permite al Gobierno de Donald Trump retirar la protección legal temporal concedida por la anterior Administración de Joe Biden a 532,000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esta medida afecta a personas que recibieron un “parole humanitario”, un estatus que les permitía vivir y trabajar provisionalmente en el país.

La máxima corte aceptó la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, con un resultado de siete votos a favor y dos en contra, estos últimos de las magistradas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

Trump buscaba impugnar una decisión previa de una jueza federal en Massachusetts que había bloqueado la anulación de este estatus, argumentando que el Gobierno debía revisar caso por caso antes de retirar la protección. Sin embargo, el fallo del Supremo deja sin efecto temporalmente dicha restricción judicial.

En su desacuerdo, la jueza Brown Jackson criticó duramente la decisión, señalando que el tribunal “no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables” y que subestima las graves consecuencias para cientos de miles de personas que enfrentan “dos opciones insostenibles”: abandonar EE.UU. y enfrentar peligros en sus países de origen, o quedarse y arriesgar una expulsión inminente.

Este fallo es el segundo del Supremo este año que respalda a la Administración Trump en la reversión de protecciones migratorias. Hace apenas diez días, la Corte autorizó la retirada del estatus de protección temporal (TPS) a 350,000 migrantes venezolanos.

El “parole humanitario” fue ampliado en enero de 2023 por Biden para facilitar la inmigración legal a ciudadanos de las naciones más representadas en la frontera sur, pero la actual administración republicana busca revertir estas medidas como parte de una política migratoria más estricta y de control fronterizo.