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El Salvador ha registrado 5,688 homicidios y 2,548 personas desaparecidas durante la administración del presidente Nayib Bukele desde 2019, según datos difundidos por el propio mandatario en sus redes sociales.

Bukele denunció que, durante años, miles de homicidios fueron ocultados bajo la categoría de desapariciones, atribuyendo esta práctica tanto a pandillas como a agentes estatales mediante el uso de fosas clandestinas para maquillar las cifras. Según los datos presentados, entre 2015 y 2018 hubo 6,917 desaparecidos y 19,244 homicidios, mientras que desde 2019 hasta junio de 2025 las cifras descendieron a 2,548 desapariciones y 5,688 homicidios.

“Hoy, con menos de 100 desaparecidos al año (antes eran más de 1,500), ya no hay duda: hubo una masacre sistemática oculta, a la par de la que todos conocíamos”, afirmó Bukele, quien además destacó que el reto actual es localizar todos esos cuerpos.

En lo que va de 2025, se reportan 38 homicidios y 68 desapariciones. En total, entre 2015 y junio de 2025, El Salvador acumula 24,932 homicidios y 9,465 desaparecidos.

El Ejecutivo atribuye la reducción en homicidios al Plan Control Territorial, que incluye el despliegue masivo de policías y militares, y a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales. Sin embargo, cifras oficiales indican que la caída de homicidios comenzó en 2016, antes de la llegada de Bukele.

El régimen de excepción, que ya ha llevado a la captura de más de 85,900 personas señaladas de pertenecer a pandillas, cumplió tres años en marzo de 2025. Aunque goza de amplio respaldo popular por su impacto en la seguridad, organizaciones internacionales han denunciado que también se ha usado para silenciar voces críticas y ha generado miles de denuncias por violaciones a derechos humanos.

Investigaciones periodísticas señalan que la medida se adoptó tras un violento fin de semana en marzo de 2022, y que una supuesta ruptura de un pacto entre Gobierno y pandillas habría derivado en un aumento de desapariciones, mientras se logró disminuir la tasa de homicidios.

Este complejo contexto sigue generando debate sobre los avances y los costos sociales en la lucha contra la violencia en El Salvador.