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El Estado de El Salvador mantiene en prisión provisional a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó revisar la continuidad de esa medida y considerar alternativas a la detención preventiva. La organización Cristosal denunció que, más de un año después de las medidas cautelares emitidas a su favor, las autoridades salvadoreñas no han atendido plenamente las recomendaciones del organismo regional.

López fue detenida en mayo de 2025 y posteriormente procesada por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito. El proceso permanece bajo reserva judicial y la abogada continúa a la espera de una segunda audiencia, cuya fecha todavía no había sido comunicada públicamente por la Fiscalía.

En septiembre de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares al considerar que existía una situación de gravedad y urgencia que podía afectar los derechos a la vida, integridad personal y salud de López. Entre sus solicitudes al Estado salvadoreño incluyó garantizar el contacto con familiares y abogados y revisar la continuidad de la prisión preventiva, tomando en cuenta la posibilidad de medidas alternativas.

Cristosal señaló que las autoridades salvadoreñas no han cumplido de manera satisfactoria con las medidas cautelares emitidas por la CIDH. La organización sostiene que la detención se ha prolongado por más de 16 meses sin que exista una resolución que determine responsabilidad penal en su contra.

De acuerdo con la información disponible, la etapa inicial de instrucción tenía un plazo de seis meses que concluyó en diciembre de 2025. Posteriormente, la Fiscalía General solicitó una ampliación del periodo de investigación, mientras el expediente continuó bajo reserva. La segunda audiencia del proceso debía realizarse meses atrás, pero aún no se había informado públicamente una fecha.

La situación de López también ha generado preocupación por las condiciones de acceso a información sobre su estado de salud. Cristosal afirmó que su familia no tiene certeza suficiente sobre su condición y cuestionó las restricciones para conocer sus resultados médicos. La CIDH había señalado previamente la necesidad de garantizar atención sanitaria y condiciones de detención acordes con los estándares internacionales.

El caso ha recibido atención de organizaciones internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch ha pedido que el proceso contra López tenga garantías de un juicio público y justo, además de acceso regular de la detenida a sus familiares y representantes legales.