INTERNACIONALES

El Salvador comenzará el 2026 bajo un régimen de excepción, aprobado recientemente por el Congreso en su vigésima extensión, impulsada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.

La medida, vigente del 1 al 30 de enero, marca el cuarto año consecutivo de aplicación de esta política de seguridad extraordinaria, implementada inicialmente en marzo de 2022 tras un aumento dramático de la violencia de las pandillas.

La extensión fue aprobada con 57 de 60 votos a pesar de las críticas de organizaciones locales e internacionales, que señalan que el régimen ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Según el Gobierno de Nayib Bukele, desde la instauración de la medida se han registrado 1.090 días sin homicidios y la captura de más de 90.600 personas vinculadas a estructuras criminales, cifra que respalda su postura sobre los logros en seguridad pública.

El documento oficial indica que, pese a estos avances, persisten vínculos transnacionales de las pandillas, intentos de reorganización y actividades ilícitas, lo que justifica la continuidad del régimen de excepción para preservar los logros alcanzados, evitar un resurgimiento de la violencia y garantizar la protección de la población.

Esta política ha sido la estrategia central del Gobierno frente a las pandillas y ha sido clave para que Bukele logre su reelección inmediata, pese a los límites que establece la Constitución.

No obstante, organismos humanitarios han documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 470 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas con evidentes signos de violencia.

La medida original fue impulsada tras un fin de semana de más de ochenta homicidios a finales de marzo de 2022, tras el rompimiento de un supuesto pacto entre el Gobierno y las pandillas, según investigaciones periodísticas.

El régimen de excepción, que se mantiene como la principal estrategia de seguridad del Gobierno, genera un debate entre los sectores que apoyan la reducción de homicidios y quienes denuncian abusos sistemáticos y falta de garantías legales.

La extensión para enero de 2026 refuerza la postura del Ejecutivo de mantener mano dura frente al crimen organizado, mientras las críticas sobre derechos humanos y cumplimiento de normas internacionales persisten.