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El Salvador condena a 254 pandilleros en juicio masivo

El fallo se deriva de un juicio prolongado que se extendió por más de un mes y medio y que forma parte de las acciones estatales contra estructuras criminales en el marco del régimen de excepción.

3 de junio de 2026

Una corte penal de El Salvador dictó condenas contra 254 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), imponiendo penas que alcanzan hasta 85 años de prisión en el marco de uno de los procesos judiciales colectivos más grandes registrados en el país.

 

El fallo se deriva de un juicio prolongado que se extendió por más de un mes y medio y que forma parte de las acciones estatales contra estructuras criminales en el marco del régimen de excepción.

 

El proceso judicial se inscribe en la estrategia de seguridad implementada en El Salvador contra las pandillas, que ha permitido la captura de decenas de miles de personas señaladas por pertenecer a estructuras criminales. Bajo este modelo, las autoridades han impulsado juicios masivos para procesar de manera conjunta a grupos vinculados a la MS-13 y otras organizaciones delictivas, con el objetivo de acelerar resoluciones en casos de alta complejidad.

 

En este tipo de procesos, los tribunales agrupan a los acusados por células o estructuras específicas, atribuyéndoles delitos como asociación ilícita, homicidio, tenencia de armas y otros ilícitos relacionados con el control territorial y actividades criminales.

 

El sistema ha sido defendido por el Gobierno como una herramienta para combatir el crimen organizado, aunque también ha sido objeto de debate por organizaciones de derechos humanos que cuestionan la individualización de las responsabilidades.

 

De acuerdo con la información judicial, los condenados pertenecen a células identificadas como “Park View Locos Salvatruchos”, que operaban en distintas zonas del territorio salvadoreño y mantenían presencia en comunidades donde ejercían control mediante amenazas, extorsión y violencia. Entre los sentenciados figura un cabecilla del grupo, quien recibió la pena más alta dentro del proceso.

 

Las condenas varían según el grado de participación de cada imputado, con sanciones que incluyen décadas de prisión por delitos como agrupaciones ilícitas, portación ilegal de armas de fuego y otros cargos vinculados a actividades delictivas organizadas.

El tribunal consideró pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República tras la investigación del caso.

 

El proceso forma parte de una serie de juicios colectivos impulsados en los últimos años en El Salvador, que buscan responder a la violencia generada por pandillas como la MS-13.

Las autoridades sostienen que estas acciones han contribuido a debilitar las estructuras criminales, mientras que sectores críticos advierten sobre los retos de garantizar el debido proceso en expedientes de gran volumen.

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