INTERNACIONALES

La administración del presidente Donald Trump expresó su rechazo al reciente fallo judicial que ordena la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua, al enfatizar que este beneficio migratorio no debe funcionar como un asilo “de facto”.

El jueves pasado, una jueza federal restableció el TPS para aproximadamente 7,000 nepaleses cuyo estatus vencía el próximo 5 de agosto, así como para unos 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses a quienes se les había anunciado el término del beneficio el 8 de septiembre. Esta decisión judicial surge tras una demanda presentada por los afectados contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que acusaban que la cancelación del TPS respondía a motivos de “animosidad racial”.

En un comunicado oficial, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la cancelación del programa señalando que se busca “restaurar la integridad” del sistema migratorio estadounidense y regresar a la finalidad original del TPS.

> “El TPS nunca fue diseñado para ser un sistema de asilo de facto; sin embargo, durante décadas ha sido utilizado de esta manera por administraciones anteriores”, afirmó McLaughlin.

Además, la funcionaria criticó duramente a la jueza Trina Thompson, quien ordenó la extensión del TPS para estos países, calificando el fallo como “otro ejemplo” de cómo algunos jueces “incitan al racismo para desviar la atención de los hechos”.

El DHS anunció que apelará la decisión y continuará la batalla legal en instancias superiores para revertir el fallo.

Esta postura forma parte de una política más amplia del gobierno Trump, que ha cancelado el TPS para aproximadamente 160,000 ucranianos, 350,000 venezolanos y más de medio millón de haitianos, entre otros grupos de migrantes que han protegido su estatus temporal en Estados Unidos bajo este programa.

El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo humanitario que permite a personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias permanecer legalmente en EE.UU. de forma temporal, evitando deportaciones y autorizando el trabajo legal. Sin embargo, su uso y extensión han sido motivo de controversia y debate político, especialmente en el contexto de las políticas migratorias de la administración Trump.

El fallo judicial que amplía el TPS se convierte en un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre el manejo de las políticas migratorias y la protección de grupos vulnerables dentro del país norteamericano.