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Un gran jurado federal en Estados Unidos imputó a James B. Comey, exdirector del FBI, conocido por liderar la investigación sobre los posibles vínculos de la campaña presidencial de Donald Trump con Rusia en 2016.

Aunque los cargos aún no han sido formalmente publicados, fuentes del Departamento de Justicia indicaron que Comey enfrenta presuntas acusaciones por declaración falsa y obstrucción a la justicia. La presentación del caso se produjo días después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra lo que calificó como opositores políticos.

El exdirector del FBI afirmó en su cuenta de Instagram: “Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero confío plenamente en el sistema judicial federal. Soy inocente, así que celebremos un juicio y mantengamos la fe”.

Partidarios de Comey han catalogado la imputación como motivada políticamente, mientras que la administración Trump asegura que su conducta en redes sociales y declaraciones públicas podría constituir un abuso de autoridad.

Comey lideró la pesquisa que buscaba determinar si miembros de la campaña de Trump habían coordinado con Rusia y supervisó la recopilación de pruebas y testimonios ante el Congreso. Su actuación generó controversias significativas, que finalmente llevaron a su despido en 2017.

Con esta imputación, Comey se convierte en el primer exalto funcionario procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.

En el pasado, Trump ha descrito aquella pesquisa como una “cacería de brujas”.

El caso plantea un escenario tenso entre el poder judicial y la política estadounidense, dado que involucra a un exfuncionario de alto perfil y tiene ramificaciones sobre la percepción de independencia del Departamento de Justicia. Observadores legales advierten que el juicio podría convertirse en un punto de referencia histórico sobre el manejo de investigaciones federales en contextos políticos polarizados.