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El Pentágono anunció la creación de dos nuevas zonas militarizadas a lo largo de la frontera suroeste entre Estados Unidos y México, elevando a cuatro las áreas donde el personal militar tiene la autoridad para detener temporalmente a migrantes indocumentados. Estas zonas, conocidas como Áreas de Defensa Nacional (NDA), forman parte de la estrategia para reforzar la vigilancia y el control fronterizo.

Según confirmó una fuente del Departamento de Defensa, el secretario Pete Hegseth ordenó a las Fuerzas Aéreas y la Marina tomar las acciones necesarias para implementar estas nuevas NDAs.

La Fuerza Aérea indicó que una de las nuevas áreas cubrirá aproximadamente 400 kilómetros a lo largo del Río Grande, en los condados de Cameron e Hidalgo, Texas, y estará bajo la administración de la Base Conjunta de San Antonio.

La segunda zona se establecerá en el oeste de Arizona, según informó la cadena ABC News. Las responsabilidades del personal militar en estas zonas incluyen una vigilancia más estricta con puestos fijos y patrullas móviles, la detención temporal de personas que crucen irregularmente, y el apoyo en la instalación de barreras y señalización para asegurar el área.

Anteriormente, la primera NDA fue establecida el 21 de abril en Nuevo México, con unos 112 kilómetros, y la segunda el 1 de mayo en el oeste de Texas, abarcando unos 101 kilómetros entre El Paso y Fort Hancock.

El cruce de migrantes en estas zonas militarizadas conlleva el riesgo de enfrentar dos cargos: entrada irregular a Estados Unidos y allanamiento de propiedad militar, lo que aumenta la criminalización de la migración.

El presidente Donald Trump autorizó el pasado 11 de abril que el Ejército estadounidense tome control sobre terrenos federales en la frontera para avanzar en su política migratoria, aumentando la presencia militar en la gestión migratoria.

Un caso reciente que refleja la complejidad de esta situación fue el de una joven peruana absuelta el 5 de junio tras ser acusada de allanamiento de zona militar en Texas luego de cruzar el Río Grande, siendo este el primer juicio por ese cargo desde que parte de la frontera se declaró zona militar.

Estas medidas forman parte del esfuerzo de Estados Unidos para controlar la migración irregular, con un enfoque cada vez más militarizado y restrictivo en la frontera con México.