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EE.UU. ofrece indemnización a trabajadores federales que renuncien antes de febrero
La Administración de Estados Unidos ha anunciado un programa de indemnización para los dos millones de empleados federales que decidan renunciar antes del 6 de febrero, según informó la Oficina de Administración de Personal (OPM).
La Administración de Estados Unidos ha anunciado un programa de indemnización para los dos millones de empleados federales que decidan renunciar antes del 6 de febrero, según informó la Oficina de Administración de Personal (OPM).
Este plan, impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump, busca reducir la fuerza laboral federal entre un 5 % y un 10 %, lo que, según estimaciones oficiales, podría generar un ahorro de aproximadamente 100.000 millones de dólares.
Los empleados que acepten esta “dimisión diferida” recibirán un paquete de compensación equivalente a ocho meses de salario, además de beneficios adicionales. Sin embargo, la medida excluye a miembros del personal militar, empleados del Servicio Postal y trabajadores de inmigración o seguridad nacional.
Los detalles específicos de la oferta serán enviados directamente a los trabajadores afectados, informó la OPM.
El anuncio ha generado una fuerte reacción por parte de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), el sindicato más grande del sector público en EE.UU., que advirtió sobre el impacto negativo de la reducción de personal.
“El número de empleados federales no ha cambiado significativamente desde 1970, pero la cantidad de ciudadanos que dependen de los servicios gubernamentales ha aumentado. Esta purga de funcionarios públicos de carrera podría causar caos y afectar gravemente el funcionamiento del gobierno”, expresó Everett Kelley, presidente nacional de la AFGE.
Desde su llegada al poder, la administración Trump ha implementado medidas que buscan reformar el empleo público. En su primer día como presidente, firmó órdenes ejecutivas que exigen el regreso a la presencialidad en el trabajo para empleados federales –al menos cuatro días a la semana– y congeló la contratación de nuevos trabajadores en el gobierno.
Además, ordenó la eliminación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión impulsadas por el expresidente Joe Biden dentro del sector público.
Este plan de indemnización, enmarcado en la estrategia de reducción de costos de la administración, plantea interrogantes sobre el impacto en la eficiencia de los servicios públicos y la estabilidad de la burocracia federal en los próximos meses.