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Ecuador despliega 13 mil militares contra el crimen organizado
La medida se desarrolla en un escenario de alta conflictividad interna, donde las autoridades ecuatorianas han intensificado la militarización de la seguridad pública ante el avance de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, extorsión y otros delitos.
19 de junio de 2026
El gobierno de Ecuador puso en marcha un amplio operativo de seguridad con el despliegue de alrededor de 13.000 efectivos militares en cuatro provincias del país, como parte de una estrategia para reforzar las acciones contra el crimen organizado y reducir los índices de violencia en las zonas más afectadas.
La medida se desarrolla en un escenario de alta conflictividad interna, donde las autoridades ecuatorianas han intensificado la militarización de la seguridad pública ante el avance de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, extorsión y otros delitos. Provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro concentran gran parte de los homicidios registrados en el país, lo que ha motivado operativos de gran escala.
En los últimos años, Ecuador ha enfrentado un incremento sostenido de la violencia, con bandas delictivas que disputan el control territorial en corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.
De acuerdo con información oficial, el contingente militar se distribuirá principalmente en zonas de alta incidencia delictiva, con un refuerzo significativo en Guayas, donde se concentra una parte importante de los homicidios a nivel nacional. El despliegue incluye unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que trabajarán en coordinación con la Policía Nacional.
Las autoridades señalaron que el objetivo de la operación es recuperar el control de áreas urbanas y rurales afectadas por la criminalidad, así como fortalecer los patrullajes, controles de armas, explosivos y operativos de inteligencia.
El plan también contempla la presencia reforzada en puntos estratégicos de las provincias intervenidas, con el fin de desarticular estructuras criminales que operan en esas regiones y reducir los niveles de violencia que han impactado la vida cotidiana de la población.
El Gobierno ecuatoriano ha reiterado que estas acciones forman parte de una política de seguridad más amplia, enfocada en enfrentar lo que ha sido catalogado como una amenaza directa del crimen organizado contra el Estado.