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La situación legal del expresidente boliviano Evo Morales (2006–2019) se encuentra en un estado de incertidumbre luego de que dos resoluciones judiciales emitidas en apenas tres días entraran en abierta contradicción sobre la orden de captura en su contra, relacionada con un proceso por trata agravada de personas.

El pasado miércoles, la jueza Lilian Moreno, del Tribunal Departamental de Santa Cruz, anuló la orden de aprehensión dictada en octubre de 2023 por un juez de Tarija, quien también había declarado en rebeldía al exmandatario por no comparecer en dos ocasiones ante las autoridades judiciales. La defensa de Morales había solicitado este cambio de jurisdicción argumentando que el caso debía radicarse en Villa Tunari, en la región de Cochabamba, donde Morales reside actualmente y donde ejerce una fuerte influencia política y sindical.

La investigación en su contra está centrada en una presunta relación con una menor de edad, con quien, según la Fiscalía, habría tenido un hijo mientras era presidente. El proceso ha desatado una fuerte controversia nacional por el perfil del acusado y la naturaleza del delito.

La decisión de la jueza Moreno fue celebrada por Morales, quien afirmó que “después de mucho tiempo” sintió que “llegó la justicia”. Según su abogado Nelson Cox, esta resolución otorgaba “libertad irrestricta” al exmandatario y no podía ser apelada.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, cuestionó duramente el fallo, afirmando que no comparte “la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia burlarse de la justicia”. En la misma línea, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció una investigación sobre la actuación de la jueza Moreno.

Morales, por su parte, denunció que ambos magistrados están interfiriendo con la independencia judicial.

Este viernes, un nuevo fallo judicial revirtió parcialmente la resolución anterior. El juez Franz Zabaleta, de La Paz, ordenó mantener vigente la orden de aprehensión como medida cautelar, suspendiendo los efectos del fallo de la jueza Moreno hasta que se resuelva una nueva queja pendiente.

La defensa de Morales, encabezada por el abogado Wilfredo Chávez, repudió la resolución de Zabaleta, calificándola de “antijurídica” y resultado de “presiones políticas”. Aseguró que no tiene valor legal, pues un juez no puede suspender una acción de libertad ya concedida por otro tribunal. Advirtió además que este tipo de contradicciones podría desembocar en un “caos jurídico”.

Morales también denunció que este nuevo fallo es “una expresión de desesperación” del Gobierno de Luis Arce y afirmó que Zabaleta tiene “nefastos antecedentes”. A pesar del conflicto judicial, el exmandatario se mostró confiado en que su libertad está asegurada y confirmó que el próximo 16 de mayo se movilizará hacia La Paz para inscribirse como candidato presidencial en vista a las próximas elecciones generales.