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La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, rompió el silencio para negar los rumores sobre un posible asilo político y aseguró que permanecerá en su país para enfrentar las investigaciones judiciales en su contra. Un día después de su destitución por parte del Congreso, la exmandataria afirmó que no es “responsable de ninguno” de los casos que la Fiscalía investiga.

Desde la puerta de su vivienda en el distrito limeño de Surquillo, Boluarte declaró ante los medios que “no está ni en su pensamiento ni en su sentimiento patriótico abandonar el país”. Acompañada de su abogado, Juan Carlos Portugal, explicó que regresó a su casa a las tres de la madrugada y pidió a la población “no dejarse llevar por rumores”.

Durante la noche del jueves, y tras confirmarse su destitución, se difundieron versiones sobre un presunto intento de refugiarse en embajadas extranjeras, entre ellas las de Argentina, Brasil y Ecuador. Incluso, un grupo de manifestantes llegó hasta la sede diplomática ecuatoriana en Lima para evitar que la exmandataria ingresara, aunque el hecho fue desmentido por su equipo legal.

El Poder Judicial anunció que el próximo miércoles evaluará el pedido de la Fiscalía General para imponerle hasta tres años de impedimento de salida del país, mientras se le investiga por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos.

En total, Boluarte enfrenta al menos once procesos en su contra.

Entre los señalamientos más graves figuran las muertes de 49 manifestantes durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, así como la presunta recepción de joyas y relojes de lujo no declarados, la falsificación de documentos oficiales y la negligencia en el ejercicio del cargo cuando se sometió a cirugías estéticas.

Boluarte, quien hizo historia como la primera mujer en ocupar la Presidencia del Perú, fue destituida en una sesión nocturna del Congreso por “incapacidad moral permanente”.

Su salida se produjo tras perder el respaldo de los partidos de derecha que la sostenían políticamente, en medio de una popularidad desplomada al 3 % de aprobación, según recientes encuestas.

Su abogado, Juan Carlos Portugal, calificó el proceso como “legal, pero arbitrario e irrazonable”, señalando que fue citada con apenas 40 minutos de anticipación antes de la votación. “No se puede ejercer el derecho a la defensa en esas condiciones”, afirmó.

Mientras tanto, familiares de las víctimas de las protestas salieron nuevamente a las calles de Lima para exigir justicia y la detención inmediata de Boluarte. Frente al Palacio de Justicia, los manifestantes recordaron a sus seres queridos y demandaron también el cierre del Congreso, al que acusan de actuar por intereses políticos.

Pese al escenario adverso, Dina Boluarte insistió en que no tiene nada que ocultar: “Estoy tranquila con mi conciencia y permaneceré en mi patria para responder ante la justicia”, concluyó.