INTERNACIONALES

El número de salvadoreños retornados por procesos de deportación registró un fuerte incremento durante el primer trimestre de 2026, con más de 5,300 personas enviadas nuevamente al país, una cifra que representa un aumento superior al 90 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El fenómeno migratorio continúa siendo uno de los principales desafíos para los países centroamericanos, especialmente ante los cambios en las políticas de control migratorio aplicadas en Estados Unidos y otras naciones. En el caso salvadoreño, las autoridades migratorias reportan que la mayoría de los retornos provienen del territorio estadounidense, donde se concentra la mayor cantidad de casos.

De acuerdo con registros oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre enero y marzo de 2026 fueron contabilizados 5,351 salvadoreños deportados, frente a los 2,813 registrados durante el primer trimestre de 2025, lo que refleja un incremento de aproximadamente 90.2 %.

Estados Unidos fue el principal país de origen de estos retornos, con 5,033 salvadoreños deportados, una cifra que prácticamente duplicó los registros del mismo periodo del año pasado. México ocupó el segundo lugar con 226 retornos, mientras que otros países sumaron 92 casos.

El aumento de las deportaciones ocurre en medio de una mayor presión sobre los sistemas migratorios de la región y un endurecimiento de los controles para personas que intentan permanecer de manera irregular en territorio estadounidense. Organizaciones vinculadas al tema migratorio han señalado que el incremento de vuelos de retorno también forma parte de esta nueva dinámica regional.

Las cifras oficiales muestran además que la tendencia ya venía creciendo en los últimos años. Durante 2025, El Salvador recibió más de 16 mil ciudadanos deportados desde diferentes países, una cifra superior a la registrada en 2024.

Ante este panorama, especialistas advierten que el aumento de retornados representa nuevos retos para los gobiernos centroamericanos, que deben fortalecer programas de reintegración laboral, apoyo social y atención para quienes regresan después de haber intentado establecerse en el extranjero.