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La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, figura nuevamente en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea (UE) por su presunta participación en violaciones de los derechos humanos y acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en su país, confirmó este lunes un comunicado del bloque comunitario.

Rodríguez, quien ha asumido un rol clave en la conducción política de Venezuela tras la detención del expresidente Nicolás Maduro, forma parte de un grupo de 69 altos funcionarios y allegados al gobierno venezolano incluidos en el régimen de sanciones de la UE, vigente desde noviembre de 2017 y renovado recientemente hasta el 10 de enero de 2027.

Las medidas impuestas por los ministros de Exteriores de la UE implican congelación de activos, prohibición de recibir fondos o recursos económicos tanto directos como indirectos y restricciones de viaje al territorio europeo, lo que prohíbe temporalmente a Rodríguez y a otros sancionados ingresar o transitar por países miembros del bloque.

Bruselas ha sostenido que estas medidas buscan presionar por una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela, en respuesta a lo que describe como continuas violaciones de derechos humanos, represión de la sociedad civil y limitaciones a la oposición política.

La inclusión de Rodríguez en la lista se remonta a junio de 2018, cuando fue incorporada por primera vez por su papel dentro del gobierno de Maduro.

La extensión de las sanciones se produjo en diciembre pasado, cuando los ministros de Exteriores de la UE acordaron prolongar estas restricciones por un año más y reafirmaron su compromiso con la defensa de los principios democráticos y el respeto a las libertades fundamentales en Venezuela, a la vez que instaron a un proceso político pacífico que conduzca a elecciones libres y observadas internacionalmente.

Además de Rodríguez, la lista incluye figuras clave del entorno chavista como Diosdado Cabello, ministro del Interior, Tarek William Saab, fiscal general, y otros altos mandos civiles y militares estrechamente vinculados al Ejecutivo venezolano, reflejando la amplia red de sancionados por el bloque europeo.

El mantenimiento de estos castigos se da en un contexto de fuerte escrutinio internacional sobre la situación política en Venezuela, en medio de acontecimientos recientes que han puesto el foco en la gobernabilidad del país y las relaciones con potencias extranjeras.