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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al Parlamento una reforma parcial de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, normativa vigente desde 2017 y que durante los últimos años ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores opositores. Rodríguez reconoció que la legislación fue aplicada de manera abusiva y pidió que el proceso avance con carácter de urgencia.

La llamada Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, presidida en ese momento por la propia Delcy Rodríguez. La norma estableció sanciones penales para determinadas conductas relacionadas con la promoción o incitación al odio, la discriminación y la violencia, incluyendo penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión.

Desde su entrada en vigor, organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos han cuestionado su aplicación y han denunciado que la legislación fue utilizada contra opositores, periodistas y ciudadanos críticos del Gobierno. Estos sectores han planteado que una reforma parcial no sería suficiente y han reclamado la eliminación completa de la normativa.

La solicitud de Rodríguez fue presentada mediante una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que pidió que la modificación sea discutida con prioridad. Según la mandataria, el objetivo es avanzar en la transformación del sistema penal y generar condiciones para recuperar la confianza en las instituciones y favorecer la convivencia democrática.

Rodríguez también reconoció públicamente que la ley tuvo una aplicación que consideró abusiva durante los últimos años. No obstante, señaló que mantiene su respaldo a los principios relacionados con la tolerancia y la convivencia que, según su posición, dieron origen a la legislación.

Tras recibir la petición, la Asamblea Nacional designó una comisión especial integrada por 11 diputados para elaborar el proyecto de reforma. El grupo estará encabezado por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y tendrá la responsabilidad de preparar el texto que posteriormente será sometido al procedimiento legislativo correspondiente.

Entre los cambios planteados figura la despenalización de determinadas conductas contempladas actualmente en la normativa. La discusión se desarrolla además en un momento en que el Gobierno venezolano y sectores de la oposición mantienen conversaciones sobre reformas institucionales, libertad de expresión y otros asuntos relacionados con el sistema político y judicial.

Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han reaccionado con cautela ante el anuncio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y otras organizaciones han sostenido que la eliminación de algunas penas no resolvería todas las disposiciones que consideran restrictivas, por lo que mantienen su demanda de una derogación integral.