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CPI mantiene caso contra Duterte y niega su libertad
Duterte enfrenta acusaciones relacionadas con su política de “guerra contra las drogas”, una estrategia de seguridad que ha sido cuestionada internacionalmente por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
22 de abril de 2026
La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó su competencia para juzgar al expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y rechazó su solicitud de libertad, en una decisión que marca un paso clave en el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El fallo fue emitido por la Sala de Apelaciones del tribunal con sede en La Haya, que desestimó el recurso presentado por la defensa del exmandatario. Los jueces concluyeron que la CPI sí tiene jurisdicción sobre los hechos investigados, pese a que Filipinas se retiró del organismo, ya que los presuntos delitos ocurrieron cuando el país aún formaba parte del tribunal.
Duterte enfrenta acusaciones relacionadas con su política de “guerra contra las drogas”, una estrategia de seguridad que ha sido cuestionada internacionalmente por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
La decisión judicial también rechazó de manera íntegra la petición de la defensa que buscaba la liberación inmediata del exgobernante, lo que significa que continuará bajo custodia mientras avanza el proceso en su contra.
Los magistrados respaldaron fallos previos que ya habían determinado la competencia del tribunal para investigar los hechos, señalando que la jurisdicción se mantiene sobre los delitos cometidos entre 2011 y 2019, período en el que Filipinas estaba adherida al Estatuto de Roma.
El caso se basa en investigaciones que se han extendido por varios años y que apuntan a la presunta responsabilidad de Duterte en una serie de asesinatos vinculados a su estrategia antidrogas, tanto durante su presidencia como en su etapa como alcalde de Davao.
Las acusaciones incluyen crímenes de lesa humanidad, específicamente por la supuesta ejecución de civiles en el marco de operativos de seguridad, lo que ha generado un amplio debate internacional sobre el uso de la fuerza en políticas de combate al narcotráfico.
La defensa del exmandatario ha insistido en que la CPI no tiene autoridad sobre el caso, argumentando la salida de Filipinas del tribunal; sin embargo, esta postura fue rechazada por los jueces, quienes reafirmaron la validez de la investigación.
El proceso contra Duterte es considerado uno de los más relevantes en la historia reciente del tribunal, al tratarse de un exjefe de Estado acusado de graves violaciones a los derechos humanos.
Con esta resolución, la CPI avanza hacia la siguiente fase del caso, en un contexto donde organizaciones internacionales y víctimas mantienen la expectativa de que se establezcan responsabilidades por los hechos investigados.