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CPI asegura que seguirá actuando con independencia
CPI asegura que seguirá actuando con independencia
Mientras Estados Unidos mantiene su campaña de presión, la CPI insiste en que continuará desempeñando sus funciones conforme al mandato otorgado por los países que forman parte del tribunal.
26 de agosto de 2026
La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, defendió la independencia del tribunal y aseguró que la institución no actúa como adversaria de ningún Estado, luego de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones contra funcionarios vinculados con la corte.
Akane sostuvo que la CPI tiene como misión investigar y juzgar a responsables de los crímenes internacionales más graves, sin dirigir sus actuaciones contra gobiernos o países específicos. Sus declaraciones se producen después de que Washington incluyera a la magistrada japonesa entre las personas sancionadas.
El Gobierno del presidente Donald Trump ha incrementado la presión contra la CPI, especialmente por las investigaciones relacionadas con posibles crímenes cometidos en Gaza. El Departamento del Tesoro estadounidense también sancionó al abogado senegalés Abdoulaye Seye, integrante de la Fiscalía del tribunal.
Las nuevas medidas se suman a sanciones anteriores contra jueces y fiscales de la CPI y han provocado una fuerte reacción dentro de la institución y entre varios de sus Estados miembros.
La corte considera que las sanciones representan una amenaza para su capacidad de actuar con independencia. La Asamblea de los Estados Partes expresó su preocupación y sostuvo que las medidas estadounidenses buscan dificultar el trabajo de la institución y de su personal.
Akane también ha advertido sobre el riesgo de que estas acciones terminen debilitando el sistema internacional de justicia. El tribunal, con sede en La Haya, fue creado para investigar delitos como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.
Estados Unidos, que no es miembro del Estatuto de Roma, ha rechazado las actuaciones de la CPI que considera dirigidas contra ciudadanos estadounidenses o contra aliados de Washington. La administración Trump sostiene que el tribunal no tiene autoridad sobre determinados asuntos relacionados con Estados Unidos e Israel.
La disputa plantea un nuevo choque entre Washington y una institución internacional encargada de perseguir los delitos más graves. Mientras Estados Unidos mantiene su campaña de presión, la CPI insiste en que continuará desempeñando sus funciones conforme al mandato otorgado por los países que forman parte del tribunal.
El enfrentamiento deja abierta una discusión más amplia sobre los límites de la justicia internacional, la soberanía de los Estados y la independencia de los tribunales creados para investigar crímenes de alcance internacional.