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La presidenta de Costa Rica Laura Fernández anunció que presentará un proyecto de ley para que las visitas que reciben los reos ubicados en centros penitenciarios de máxima seguridad sean grabadas en audio y video, como parte de una estrategia para reforzar el control dentro del sistema carcelario y reducir la comunicación de cabecillas criminales con redes delictivas externas.

La iniciativa surge en el marco de la política de seguridad impulsada por el gobierno, que busca endurecer las medidas de vigilancia en los centros penitenciarios considerados de mayor riesgo, especialmente aquellos donde permanecen privados de libertad vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

Según la mandataria, este tipo de reclusos continúan dirigiendo estructuras criminales desde prisión mediante mensajes que, de acuerdo con su planteamiento, serían transmitidos a través de visitas personales o incluso mediante contactos indirectos dentro del sistema penitenciario. Por ello, sostiene que la grabación de estos encuentros permitiría cerrar una de las principales vías de comunicación ilícita.

El proyecto, que deberá ser discutido en la Asamblea Legislativa si avanza formalmente, también plantea un cambio en el manejo actual de las visitas, ya que la normativa vigente en el país limita o prohíbe la grabación de este tipo de interacciones por razones de privacidad y derechos fundamentales, lo que abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías legales.

La propuesta ha generado atención en distintos sectores políticos y sociales, donde algunos la consideran una medida necesaria frente al avance del crimen organizado, mientras otros advierten que podría implicar tensiones con derechos básicos de los privados de libertad y sus familiares.

Por ahora, la iniciativa se mantiene en fase de anuncio y será en el proceso legislativo donde se definirá su viabilidad, alcance y eventuales modificaciones antes de convertirse en ley o ser descartada.