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Costa Rica endurece estrategia contra el crimen organizado
Entre las medidas más destacadas figura la denominada política de “cero ocio en las cárceles”, que busca eliminar la inactividad dentro de los centros penitenciarios mediante la implementación de programas obligatorios de capacitación y trabajo para las personas privadas de libertad.
16 de junio de 2026
El endurecimiento de las políticas de seguridad en Centroamérica se ha convertido en una tendencia regional ante el aumento de la violencia asociada al crimen organizado. En ese contexto, distintos gobiernos han comenzado a promover reformas legales enfocadas en fortalecer a las fuerzas de seguridad y transformar los sistemas penitenciarios, con énfasis en la rehabilitación laboral de los reclusos y el control estricto dentro de las cárceles.
La presidenta de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de iniciativas orientadas a reforzar la lucha contra el crimen organizado, con propuestas que incluyen el endurecimiento de las penas, mayores facultades para la actuación policial y una reforma profunda del sistema penitenciario.
Entre las medidas más destacadas figura la denominada política de “cero ocio en las cárceles”, que busca eliminar la inactividad dentro de los centros penitenciarios mediante la implementación de programas obligatorios de capacitación y trabajo para las personas privadas de libertad.
Según la propuesta, los internos deberán participar en actividades productivas remuneradas, y los ingresos generados se destinarían a cubrir su manutención dentro del sistema penitenciario, apoyar a sus familias y contribuir a la reparación de las víctimas de delitos.
El proyecto también contempla un reforzamiento del marco legal para proteger a los cuerpos policiales en situaciones de legítima defensa, así como el incremento de sanciones para quienes se resistan o agredan a agentes del orden durante operativos o detenciones.
De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, estas reformas buscan no solo fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad, sino también reducir los niveles de reincidencia mediante un modelo de disciplina y trabajo dentro del sistema penitenciario.
Las iniciativas llegan en un momento en que el país enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad, vinculados principalmente a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en la región, lo que ha generado presión sobre las instituciones para adoptar medidas más firmes.
El proyecto deberá ahora ser discutido en el Congreso, donde se espera un amplio debate político sobre el alcance de las reformas y su impacto en el sistema de justicia y los derechos de los privados de libertad.