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La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó que el expresidente Jair Bolsonaro cumpla prisión domiciliaria tras incumplir las restricciones cautelares impuestas en su proceso judicial por presunto golpismo. La decisión fue emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, encargado de instruir el caso en el Supremo Tribunal Federal.

Entre las condiciones dictadas, Bolsonaro tiene prohibido recibir visitas en su residencia, salvo las de familiares directos y sus abogados. Además, la Policía Federal procedió al registro de su domicilio para incautar teléfonos móviles y otros dispositivos que le permitían acceder a redes sociales, a fin de evitar nuevas violaciones a las medidas judiciales.

La orden surge luego de que el expresidente incumpliera las limitaciones impuestas el mes pasado, que incluían la prohibición de enviar mensajes a través de sus cuentas o las de terceros, el uso obligatorio de una tobillera electrónica, y la obligación de permanecer en su hogar durante las noches y fines de semana.

El magistrado Moraes fundamentó su resolución en la difusión de mensajes de Bolsonaro transmitidos el domingo por las redes sociales de sus aliados, incluyendo a sus tres hijos parlamentarios, en los que se instaba a atacar al Supremo y se respaldaba una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño. Estos mensajes estuvieron presentes en marchas de simpatizantes bolsonaristas que exigieron amnistía para los acusados de golpismo y apoyaron sanciones estadounidenses contra miembros del Supremo.

En respuesta, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, impuso un arancel adicional del 50% a ciertos productos brasileños y retiró visas a ocho de los once magistrados del Supremo brasileño, además de bloquear bienes de Alexandre de Moraes.

Para Moraes, el incumplimiento de Bolsonaro fue claro y reiterado, por lo que se tornó necesaria una acción más firme para evitar que continúe con conductas delictivas durante el proceso judicial.

Este proceso penal acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en las elecciones de 2022. La Fiscalía sostiene que Bolsonaro discutió con altos oficiales militares y ministros planes para anular los resultados electorales e incluso para atentar contra Lula. Además, se le atribuye haber instigado el asalto de miles de seguidores a las sedes del Ejecutivo, Congreso y Corte Suprema el pasado 8 de enero de 2023.

La medida de arresto domiciliario representa un paso clave en la investigación y juicio a uno de los expresidentes más polémicos de Brasil, en medio de una polarización política y un escenario judicial sin precedentes en la región.