INTERNACIONALES

El régimen de excepción en El Salvador se mantiene como una de las principales herramientas de seguridad del Gobierno, implementado desde 2022 en el marco de la estrategia contra las pandillas. Esta medida ha sido prorrogada de forma consecutiva y ha generado tanto respaldo por la reducción de la violencia como críticas por posibles afectaciones a derechos constitucionales.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó tres demandas presentadas contra la vigencia del régimen de excepción, dejando en firme la continuidad del mecanismo legal que permite la suspensión temporal de algunas garantías constitucionales en el país.

De acuerdo con la resolución judicial, los magistrados determinaron que las acciones legales no cumplían con los requisitos necesarios para su admisión o no demostraban elementos suficientes para declarar la inconstitucionalidad del decreto que sostiene la medida.

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones por la Asamblea Legislativa y se ha convertido en el eje central de la política de seguridad del gobierno salvadoreño, que argumenta una reducción significativa en los niveles de homicidios y presencia de estructuras criminales.

Sin embargo, organismos de derechos humanos y sectores críticos han advertido que la prolongación de esta medida podría afectar garantías fundamentales como el debido proceso, la libertad de asociación y el derecho a la defensa, especialmente en el contexto de detenciones masivas.

Con este fallo, la Corte reafirma la vigencia del marco jurídico que respalda el régimen de excepción, mientras el debate sobre su alcance y duración continúa abierto tanto a nivel nacional como internacional.