Ciudadano estadounidense demanda a Gobierno Trump por detención ilegal en Los Ángeles
Un ciudadano estadounidense de 37 años presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por daños y perjuicios tras ser detenido y agredido por agentes federales de inmigración durante una redada en Los Ángeles. El demandante, Job García, exige un millón de dólares como compensación por lo ocurrido.

4 de julio de 2025
Un ciudadano estadounidense de 37 años presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por daños y perjuicios tras ser detenido y agredido por agentes federales de inmigración durante una redada en Los Ángeles. El demandante, Job García, exige un millón de dólares como compensación por lo ocurrido.
La organización Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) anunció la querella legal, que se basa en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), destinada a cubrir actos ilícitos cometidos por empleados gubernamentales en el ejercicio de sus funciones. La demanda va dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
García fue detenido el pasado 19 de junio durante una redada en un estacionamiento de la tienda Home Depot en Hollywood, donde agentes migratorios rompieron las ventanas de un automóvil para detener a un indocumentado. Mientras grababa el operativo, García y otros presentes exigieron a los agentes enmascarados una orden judicial para proceder con los arrestos.
El video de la redada, que se volvió viral, muestra a los agentes derribando a García, colocándolo boca abajo y arrodillándose sobre su espalda y cuello mientras lo esposaban. Además, uno de los agentes le confiscó el teléfono sin previo aviso. A pesar de comprobar su ciudadanía estadounidense, García fue retenido por más de 24 horas.
El demandante declaró que fue castigado por ejercer su derecho a informar sobre los derechos de los demás y por defender los suyos. Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF, destacó que este caso ejemplifica cómo las violaciones gubernamentales a los derechos de los inmigrantes afectan también a ciudadanos, y resaltó el valor de García por documentar la mala conducta para impulsar cambios en las políticas.



