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CIDH alerta: Nicaragua sigue bajo crisis de derechos humanos

La CIDH enfatizó que la situación en Nicaragua continúa siendo una de las más delicadas de la región, con reportes constantes de persecución contra opositores, restricciones a la libertad de expresión y limitaciones al ejercicio de derechos civiles y políticos.

18 de abril de 2026

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que en Nicaragua continúan registrándose violaciones graves y sistemáticas a los derechos fundamentales, a ocho años del estallido social que marcó un punto de quiebre en el país.

 

Según el organismo regional, la crisis iniciada en 2018 tras las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha mostrado avances significativos hacia su resolución. Por el contrario, la CIDH sostiene que persiste un patrón de represión estatal, restricciones a libertades públicas y debilitamiento de las instituciones democráticas.

 

El organismo también señala que la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de garantías judiciales han contribuido a un entorno de impunidad, donde las denuncias de abusos no encuentran respuesta efectiva.

 

La CIDH enfatizó que la situación en Nicaragua continúa siendo una de las más delicadas de la región, con reportes constantes de persecución contra opositores, restricciones a la libertad de expresión y limitaciones al ejercicio de derechos civiles y políticos.

 

Además, el organismo reiteró su preocupación por la falta de condiciones para una participación democrática plena, señalando que el contexto actual dificulta el ejercicio de derechos fundamentales como la organización política, la protesta social y el acceso a la justicia.

 

A ocho años de la crisis sociopolítica, la CIDH subraya que no se han implementado reformas estructurales que permitan revertir la situación, mientras continúan las denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

 

Ante este panorama, la Comisión instó al Estado nicaragüense a adoptar medidas urgentes para restablecer el Estado de derecho, garantizar las libertades fundamentales y avanzar hacia una solución que permita superar la prolongada crisis que atraviesa el país.

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