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La situación migratoria en Ceuta continúa generando presión sobre los servicios de acogida, especialmente por el número de niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo protección de las autoridades tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

De acuerdo con los datos difundidos este jueves, alrededor de 1,500 menores se encuentran actualmente dentro del sistema de acogida de la ciudad. Una de las características que más ha llamado la atención es el cambio en el perfil de los recién llegados: cerca de la mitad son niñas y existe también una cantidad importante de menores de 13 años.

La situación se originó después de la entrada masiva de personas a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, procedentes principalmente de Marruecos. El volumen de llegadas provocó una fuerte presión sobre la capacidad de atención de la ciudad y obligó a las autoridades a habilitar nuevos espacios para atender a los menores.

El Gobierno español ha reconocido la complejidad del proceso de identificación y acogida. Además, las cifras han experimentado variaciones debido a problemas en los registros, por lo que las autoridades han tenido que depurar expedientes antes de establecer una cantidad más precisa de menores.

El aumento de niñas dentro del grupo de menores representa uno de los principales cambios respecto a anteriores episodios migratorios registrados en Ceuta. También preocupa la presencia de numerosos niños menores de 13 años, debido a que requieren mayores niveles de protección, atención especializada y acompañamiento.

La situación ha llevado a las autoridades y organizaciones sociales a buscar alternativas para trasladar a parte de los menores hacia otros espacios de acogida en España. Cerca de 300 niñas permanecían todavía fuera del sistema de acogida ordinario a mediados de esta semana, según información de organizaciones que participan en la atención de emergencia.

El Gobierno español anunció que trabaja en la habilitación de 2,000 plazas adicionales para ampliar la capacidad de alojamiento y atender a las personas que todavía permanecen en condiciones precarias. El plan contempla continuar con la identificación, la evaluación de solicitudes de protección y los procedimientos administrativos correspondientes.

En el caso de los menores, las autoridades enfrentan además el desafío de garantizar protección mientras se determina su situación individual y se estudian posibles traslados a otras comunidades autónomas.

La crisis también ha provocado un intenso debate político en España. El Gobierno sostiene que cualquier devolución o traslado debe realizarse respetando la legislación española, europea y los derechos de los menores, mientras sectores de la oposición reclaman medidas más rápidas para controlar la situación migratoria.