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En un contexto de tensión entre sectores ambientalistas y el Gobierno salvadoreño, el presidente Nayib Bukele defendió la recién aprobada Ley General de Minería Metálica. Mientras la ley permite la explotación minera por primera vez desde 2017, Bukele subraya que todavía no se han otorgado permisos y asegura que el Gobierno participará activamente en cualquier operación minera para garantizar estándares adecuados.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, salió en defensa de la minería metálica en el país, tras las críticas que generó la aprobación de la Ley General de Minería Metálica en diciembre pasado. Durante una conferencia en Casa Presidencial, Bukele aseguró que, aunque la ley habilita nuevamente la explotación minera, aún “no hay permisos” para su práctica.

El mandatario destacó que esta legislación, impulsada por su Gobierno y aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por su partido, es "muy diferente" a la normativa que existía antes de 2017, año en que la minería fue prohibida por considerar una amenaza al bienestar de las familias y al medio ambiente.

Bukele detalló que la nueva ley establece un enfoque en el cual el Gobierno tendrá participación accionaria y de decisión en las empresas mineras autorizadas. Según explicó, el objetivo es garantizar que la explotación de los recursos minerales sea sostenible y responsable.

"Antes se daban permisos a las empresas, estas iban y ejecutaban mientras el Gobierno supervisaba. Eso no está mal, pero ahora el Gobierno será un socio en las operaciones, asegurándose de que las cosas se hagan bien", afirmó.

El presidente adelantó que, aunque todavía no se han emitido permisos, se creará una nueva oficina para gestionar los intereses de empresas mineras internacionales. "Las compañías tendrán que negociar directamente con el Gobierno sobre su participación en las operaciones", añadió.

La reactivación de la minería ha generado preocupaciones entre organizaciones ambientalistas, que señalan riesgos significativos para el Río Lempa, una fuente clave de agua para riego agrícola y generación de energía eléctrica en el país. Según estas organizaciones, la minería podría afectar a unos 4 millones de personas que dependen del río, especialmente en la zona norte, que incluye los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.

Sin embargo, Bukele minimizó estas preocupaciones, argumentando que la contaminación de los ríos en El Salvador no proviene de la minería, sino de aguas residuales, lixiviados y basura. "El país está sucio porque no tratamos el agua, porque tenemos una mala cultura de disposición de desechos", sostuvo.

El Río Lempa, el más largo de Centroamérica, recorre 422 kilómetros, de los cuales 360 se encuentran en territorio salvadoreño. Su cuenca trinacional abarca 17,790 kilómetros cuadrados, distribuida entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Este río es vital para el riego, la generación eléctrica y el consumo humano, lo que lo convierte en un recurso estratégico para la región.

La reactivación de la minería en El Salvador se presenta como una apuesta económica ambiciosa, pero también como un tema polémico que enfrenta resistencias de diversos sectores. Aunque Bukele insiste en que el Gobierno será una garantía de sostenibilidad, las preocupaciones ambientales y sociales continúan siendo un desafío para su implementación.