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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en sus redes sociales que el país cuenta con “el mejor sistema penitenciario del mundo”, destacando que más de 48,000 reclusos trabajan para reducir sus penas, en el marco del programa “Cero Ocio”. La afirmación la hizo en la red social X (antes Twitter), en respuesta a un video publicado por el jefe de las prisiones, Osiris Luna, quien ha sido sancionado por el Gobierno de Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y negociaciones con pandillas.

Bukele, continúa promoviendo su modelo de seguridad, en particular el sistema penitenciario desarrollado durante su mandato bajo el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022. Este sistema, que ha sido criticado por organismos de derechos humanos, ahora es presentado por el Gobierno como un modelo global, mientras crecen las controversias por supuestas negociaciones con pandillas y sanciones internacionales contra altos funcionarios, como Osiris Luna, director de Centros Penales.

El video promocional muestra a miles de reos —que, según el Gobierno, no pertenecen a pandillas— desempeñando labores productivas en distintas áreas como la elaboración de calzado y la construcción. En cifras, más de 6,000 presos producen unos 150,000 pares de zapatos al mes y otros 15,000 colaboran con la empresa estatal Constructora El Salvador.

Luna, figura central del sistema carcelario salvadoreño, aseguró en su cuenta que seguirán enfrentando los problemas que "parecían imposibles", a pesar de críticas internas y externas. Sin embargo, su papel ha sido objeto de polémica tras un reciente reportaje del The New York Times, que reveló que en 2020 habría ofrecido testificar ante EE.UU. sobre presuntas negociaciones entre el Gobierno de Bukele y pandillas a cambio de un asilo de lujo.

Según el medio estadounidense, Luna incluso habría mostrado a funcionarios de la embajada una imagen de una cámara de seguridad con hombres enmascarados ingresando a una prisión bajo su supervisión, como presunta prueba de los contactos con estructuras criminales.

Osiris Luna ya había sido incluido en 2021 por el Departamento de Estado en la lista de “actores corruptos y antidemocráticos” de Centroamérica y sancionado bajo la Ley Magnitsky, junto a otro funcionario, por facilitar reuniones secretas con líderes pandilleros encarcelados. Según los informes, dichas reuniones formaban parte de una tregua negociada por el Gobierno con las pandillas, lo que contradice el discurso oficial de “mano dura”.

El Gobierno salvadoreño no ha emitido comentarios sobre las revelaciones recientes del New York Times ni sobre las sanciones estadounidenses, pero sigue impulsando el modelo de cárceles como un pilar del llamado “Nuevo El Salvador”.

Mientras Bukele promociona la eficiencia del sistema penitenciario, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones de detención, la falta de debido proceso y el uso prolongado del régimen de excepción, bajo el cual miles de personas han sido arrestadas sin condena formal. La polémica entre eficacia represiva y respeto a los derechos fundamentales sigue abierta.