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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2022), se convirtió este miércoles en reo de una causa penal por presuntamente haber tramado un golpe de Estado para despojar de poder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Primera Sala del Tribunal Supremo admitió la denuncia contra Bolsonaro y otros siete de sus colaboradores, incluidos exministros y altos mandos militares. Todos ellos están acusados de liderar una conspiración que, según se alega, tuvo lugar entre 2021 y 2022, y de incitar los ataques a las sedes de los tres Poderes del Estado en enero de 2023.

Los cinco magistrados de la Sala, todos con una orientación progresista, votaron de forma unánime a favor de abrir juicio. A pesar de esta decisión, Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil, permanecerá en libertad mientras espera el juicio, cuya fecha aún no ha sido definida.

Los jueces consideran que existen pruebas suficientes para juzgar a los ocho implicados por cinco delitos graves, que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de prisión, aunque la ley brasileña limita la pena máxima a 30 años. Los cargos incluyen: abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en una organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El magistrado Alexandre de Moraes, encargado de la causa, explicó que «la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido» en las elecciones de octubre de 2022. Sin embargo, la intervención militar no se materializó, en parte por la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a implementar medidas de excepción.

Bolsonaro ha admitido haber discutido la aplicación de medidas como el estado de sitio con la cúpula militar, pero defendió que estas son «dispositivos constitucionales» y que hablar de ellos no constituye un crimen.

La causa se basa en miles de pruebas recabadas por la policía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y la confesión de su antiguo edecán, el teniente-coronel Mauro Cid. Además, las investigaciones han revelado planes para asesinar a Lula, al juez De Moraes y a otras autoridades, y han vinculado al grupo con la invasión de la sede de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

Hasta la fecha, 497 personas han sido condenadas por su participación en los disturbios y otras 532 han firmado acuerdos de no persecución penal.

El expresidente siguió el segundo día de la audiencia desde el despacho de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. Tras conocer la decisión, hizo una declaración a la prensa durante una hora, pero no aceptó preguntas. En su discurso, refutó los cargos y acusó a los jueces de tener motivaciones «personales» en su contra.

La defensa de los acusados intentó, sin éxito, impugnar a tres de los jueces: De Moraes, por ser tanto juez como víctima en el caso; Flávio Dino, por haber sido exministro de Lula y antiguo rival político de Bolsonaro; y Cristiano Zanin, por haber trabajado como abogado personal de Lula. Además, Bolsonaro sugirió que hay intereses políticos detrás del proceso, con el objetivo de impedirle volver a postularse en las elecciones de 2026.

A pesar de seguir siendo considerado un candidato de la derecha, Bolsonaro ya ha sido inhabilitado políticamente por la Justicia Electoral debido a su deslegitimación de las instituciones democráticas, por lo que no podrá participar en elecciones hasta 2030.

El juicio será llevado a cabo por la Primera Sala del Supremo, que deberá analizar el caso en los próximos meses. Bolsonaro continuará en libertad durante este proceso, aunque podría ser arrestado si la corte considera que existe riesgo de fuga, obstrucción de la justicia o coacción de testigos.

Adicionalmente, Bolsonaro enfrenta otras investigaciones, incluyendo una denuncia presentada el año pasado por la Policía por la supuesta apropiación indebida de joyas que deberían haber sido incorporadas al patrimonio del Estado, así como por fraude en los certificados de vacunación contra la COVID-19.