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La Asamblea Legislativa de Bolivia suspendió de manera definitiva al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien permanece detenido dentro de una investigación por presuntos vínculos con una estructura dedicada a proteger actividades relacionadas con el narcotráfico. En la misma jornada, el Parlamento designó a José Armando Urioste como máxima autoridad interina del Ministerio Público.

La decisión fue posible después de que el Legislativo aprobara y el presidente Rodrigo Paz promulgara una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público. La nueva normativa permite la suspensión definitiva del fiscal general cuando exista una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos que contemplen penas de prisión.

Mariaca fue detenido el miércoles junto con otros funcionarios y es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Las acusaciones son rechazadas por el propio exfiscal, quien anteriormente denunció que existían intentos de presión sobre la labor del Ministerio Público.

La sesión legislativa se extendió durante varias horas y concluyó con la aprobación de la suspensión definitiva de Mariaca. La medida fue adoptada mediante el nuevo mecanismo legal y supone el cese inmediato de sus funciones al frente de la Fiscalía General.

Posteriormente, los legisladores analizaron distintas candidaturas para ocupar temporalmente el cargo. Después de varias votaciones, José Armando Urioste consiguió más de dos tercios de los votos requeridos para asumir como fiscal general interino.

Urioste permanecerá en el puesto hasta que la Asamblea complete el procedimiento constitucional para seleccionar y designar a un nuevo fiscal general titular. La normativa establece que la autoridad interina tendrá las mismas atribuciones y responsabilidades que corresponden al jefe permanente del Ministerio Público.

El caso de Mariaca ha generado una crisis institucional alrededor de la Fiscalía boliviana. El Gobierno lo acusa de haber encabezado una organización destinada a brindar protección al narcotráfico, mientras que la investigación judicial deberá determinar las responsabilidades individuales a partir de las pruebas incorporadas al proceso.

La investigación también alcanza a otros funcionarios. Entre los detenidos figura Alberto Zeballos, exfiscal departamental de Santa Cruz, además de otras personas vinculadas al Ministerio Público. Mariaca y otros acusados deben comparecer ante un juez cautelar para que se determine su situación jurídica.

Con la salida de Mariaca y la llegada de Urioste, la Fiscalía boliviana entra en una etapa de transición mientras avanza la investigación penal y el Legislativo prepara el proceso para elegir al nuevo fiscal general titular.