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El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este lunes una decisión histórica al conmutar las sentencias de muerte de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal, a menos de un mes de su salida del cargo. Esta medida, que convierte las penas de muerte en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, fue comunicada a través de un comunicado de la Casa Blanca.

Biden, quien dejará la presidencia el 20 de enero, ha tomado más decisiones de conmutación en el final de su mandato que cualquiera de sus predecesores recientes en situaciones similares, según la información proporcionada por la Presidencia estadounidense.

A lo largo de su carrera, Biden ha abogado por la reducción de delitos violentos y por un sistema de justicia más equitativo y eficaz. En este sentido, ha manifestado su creencia de que Estados Unidos debe poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal, salvo en casos excepcionales como terrorismo y asesinatos en masa motivados por el odio.

Desde el inicio de su mandato en enero de 2021, la administración Biden ha impuesto una moratoria a las ejecuciones federales. Las mutaciones anunciadas hoy evitarán que el próximo gobierno, liderado por el republicano Donald Trump, confirme sentencias de ejecución que no se dictarían bajo la política y práctica actuales.

Biden destacó que estas mutaciones están alineadas con la moratoria aplicada a los casos que no están relacionados con terrorismo o asesinatos en masa. A principios de diciembre, el presidente también otorgó indultos a aproximadamente 1.500 estadounidenses, la mayor cantidad en un solo día, a aquellos que han demostrado una rehabilitación exitosa y un compromiso con la seguridad de sus comunidades.

Entre los beneficiarios por la decisión de hoy se encuentran varios hispanos, como Daniel Troya y Ricardo Sánchez Jr., condenados a muerte en Florida en 2010 por el asesinato de cuatro miembros de una familia en un ajuste de cuentas relacionadas con drogas.

También se incluye a Jorge Avila-Torrez, un pandillero de la mara Salvatrucha salvadoreña, condenado por el asesinato de dos niñas en 2005 y de un oficial naval en 2009, así como a Edgar Baltazar García, de origen mexicano, condenado a muerte en 2010. por el asesinato de otro recluso en Texas.

Biden expresó su condena hacia los actos de los condenados, lamentando las víctimas de sus crímenes y las pérdidas sufridas por sus familias. Sin embargo, reafirmó su convicción de que es necesario detener el uso de la pena de muerte a nivel federal. "Con la conciencia tranquila, no puedo dar un paso atrás y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve", concluyó el presidente.