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Asamblea salvadoreña prolonga medida de seguridad
Los diputados salvadoreños aprobaron una nueva extensión del régimen de excepción, manteniendo vigente una de las principales herramientas de seguridad impulsadas por la administración del presidente Nayib Bukele para enfrentar a las estructuras delictivas.
29 de julio de 2026
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ampliación del régimen de excepción, la número 53 desde su implementación, con lo que la medida continuará vigente por un mes más como parte de la estrategia del Gobierno para combatir estructuras criminales. La prórroga entrará en vigor el 30 de julio y se mantendrá hasta el 28 de agosto de 2026.
El régimen de excepción fue establecido en marzo de 2022 tras una ola de violencia atribuida a grupos de pandillas. Desde entonces, el mecanismo ha sido prorrogado de manera consecutiva por la Asamblea Legislativa, permitiendo mantener facultades especiales para las fuerzas de seguridad y modificar temporalmente algunas garantías constitucionales.
La medida ha recibido respaldo del Gobierno salvadoreño y sectores oficialistas, quienes argumentan que ha permitido reducir los niveles de criminalidad; mientras organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado su prolongada aplicación y han advertido sobre posibles afectaciones al debido proceso.
Los diputados salvadoreños aprobaron una nueva extensión del régimen de excepción, manteniendo vigente una de las principales herramientas de seguridad impulsadas por la administración del presidente Nayib Bukele para enfrentar a las estructuras delictivas.
La nueva prórroga conserva las disposiciones extraordinarias que permiten a las autoridades realizar acciones contra grupos criminales bajo un marco diferente al de las normas ordinarias. La Asamblea Legislativa señaló que la continuidad de la medida busca evitar un retroceso en los avances obtenidos en materia de seguridad.
De acuerdo con la decisión legislativa, la extensión tendrá una duración de 30 días y permitirá que las instituciones de seguridad continúen desarrollando operativos contra organizaciones señaladas de mantener vínculos con actividades ilícitas.
El oficialismo salvadoreño ha defendido que la estrategia permitió una reducción significativa de los hechos violentos que durante años afectaron al país, destacando la captura de miles de personas señaladas como integrantes o colaboradores de estructuras criminales.
Sin embargo, la continuidad del régimen de excepción ha generado críticas de organizaciones nacionales e internacionales, que han señalado la necesidad de garantizar procesos judiciales adecuados y evitar posibles abusos durante la aplicación de las medidas especiales.
Entre los aspectos más debatidos de esta política se encuentran la suspensión temporal de algunas garantías relacionadas con los procedimientos de detención, la defensa de los acusados y la privacidad de las comunicaciones, elementos que han provocado cuestionamientos de sectores opositores y defensores de derechos humanos.